La hostelería de Zaragoza se une para exigir una ordenanza de protección contra la contaminación acústica “consensuada, participativa y que aporte seguridad jurídica”, ya que está en juego el futuro de los “más de 4.000 establecimientos de la ciudad”, la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, HORECA, APEHA, la Asociación El Tubo de Zaragoza, la Asociación Aragón en Vivo y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza advierten que la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza amenaza gravemente no solo al sector, sino que también perjudica a los vecinos, usuarios, propietarios de locales y al resto de actividades industriales de la ciudad.
Las asociaciones recuerdan que, desde hace más de cuarenta años, el sector de la hostelería zaragozana ha crecido para estar entre los primeros a nivel nacional. Han sido cuarenta años en los que las empresas del sector han aportado servicios, calidad y profesionalidad, llevando hasta la cifra actual de más de 4.500 establecimientos. En Zaragoza y provincia, la hostelería emplea a unos 22.380 trabajadores.
Detrás de cada establecimiento hay una historia y un mundo de detalles para poder cumplir las normas establecidas Y poder estar abiertos cada día del año.
En este reto lo más importante son las personas: limpieza, camarer@s, cociner@s, repartidores, ayudantes… que están a cualquier hora del día, madrugando, comiendo, cenando o trasnochando, para que cada zaragozano o turista que entra por la puerta se sienta como en su casa.
Han sido 40 años muy duros de trabajo día a día, pero gratificantes, y con un gran futuro hasta hace 7 días, que el Ayuntamiento de ZEC se ha molestado en truncar con la nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza. Con la aplicación de esta nueva normativa el paradigma hostelero cambiará radicalmente, poniendo en peligro el trabajo de todos estos años, por la imposibilidad de cumplir las prescripciones contenidas en la misma, truncando el futuro del sector.
La aplicación de la norma implicará una serie de consecuencias penosas, tales como:
1. Reducir a la mínima expresión el valor de los establecimientos de actividades clasificadas de la ciudad, ante la imposibilidad por parte de los mismos de los requisitos establecidos en el proyecto de norma para adaptar sus negocios a las nuevas exigencias de aislamiento, favoreciendo asimismo la creación de monopolios en el sector de la
hostelería en manos de grandes conglomerados empresariales y acabando con 4.500 PYMES.
Del mismo modo, se cercena el patrimonio gastronómico – cultural de los establecimientos hosteleros tradicionales y emblemáticos existentes en nuestra ciudad.
2. La creación de guetos acústicos donde los servicios a sus usuarios merman al capricho político, pues por las importantes implicaciones potenciales que podría tener para los negocios radicados en una zona susceptible de ser declarada saturada (limitación de horarios de actividad, de instalación de veladores, etc.), sería conveniente exigir una regulación completa y sucinta en cuanto a los criterios objetivos de declaración, mantenimiento, régimen jurídico de aplicación… en aras de garantizar una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la norma.
3. No existe soporte normativo ni título competencial que faculte al Ayuntamiento para construir una suerte de responsabilidad solidaria objetiva entre el hostelero y su cliente-consumidor por los perjuicios o contaminación acústica que pueda causar éste en la vía pública, pues para ello ya existen las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes. No se puede pretender imponer en una norma que el hostelero actúe como un policía ll con respecto a la actuación de sus clientes en la vía pública, máxime cuando se hacen botellones en su puerta y no se actúa frente a ello.
4. Se crea un régimen sancionador que no se ajusta a la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, contra la Contaminación Acústica de Aragón.
5. Se derivan diferentes responsabilidades o cargas para todos los agentes a los que resulta de aplicación la norma (propietarios de viviendas arrendadores respecto a sus arrendatarios; vecinos respecto a sus mascotas; arquitectos, aparejadores, ingenieros, ingenieros técnicos respecto a los proyectos que informan… ) salvo para el Ayuntamiento.
6. Los establecimientos cumplen rigurosamente todas aquellas prescripciones jurídico técnicas que les resultan de aplicación, de las más restrictivas en el panorama nacional.
Para las asociaciones del sector, es increíble que el Ayuntamiento de Zaragoza quiera dejar a ciegas este legado a nuestro municipio, sin tener un mapa del ruido para poder hacer una norma a la medida para la ciudad, y con una nula capacidad participativa, pues no se ha contactado con ninguna organización de hostelería para la aprobación de esta norma.
Todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza coincide en que el objetivo de la ordenanza debería consistir en alcanzar un equilibrio que haga compatible el derecho al descanso de los vecinos, y el desarrollo de una actividad económica que presta servicios a un amplio número de zaragozanos/as que asisten a los diferentes establecimientos para satisfacer su derecho al ocio, que además se muestra clave en la actividad económica de la ciudad. Este objetivo todavía es alcanzable, dado que hay tiempo para establecer un diálogo que permita consensuar el contenido de la ordenanza que en estos momentos dispone de un contenido de difícil cumplimiento.
Ofrecemos nuestra ayuda y disposición al Gobierno de Zaragoza, que tiene la obligación de impulsar una nueva norma de protección acústica, pero no de esta manera. Hay que mirar hacia atrás más de 40 años para recordar una norma como esta, sin ninguna capacidad participativa, asamblearia o asociativa.
Al resto de partidos políticos les pedimos responsabilidad con un tema importante y la vez delicado. Apelamos a que se pongan de acuerdo para su aprobación por unanimidad en el pleno del ayuntamiento. Tiene que ser una norma que acoja a todos los sectores: industria, hostelería, peñas, federación de barrios, propietarios de viviendas y alquiles, colegios oficiales y, sobre todo, federaciones de vecinos, policía y funcionarios que han de aplicarla.
