La economía española en general y las pymes en particular están afrontando un problema derivado de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y cuyos efectos finales son muy inciertos, no disponiéndose aún de ninguna estadística oficial que refleje los efectos que, sin duda, se están generando sobre el empleo.
En este entorno de incertidumbre, únicamente es posible tratar de aproximar los posibles efectos que esta situación puede generar sobre nuestro sistema económico realizando hipótesis razonables sobre la duración y el posible impacto relativo sobre las diferentes ramas de actividad.
En esta línea, CEPYME, en colaboración con CEPREDE, ha realizado una primera estimación del impacto que se derivaría de la paralización del consumo de los hogares como resultado de las restricciones impuestas por el estado de alarma.
El efecto final de la crisis dependerá lógicamente de la prolongación en el tiempo de esta situación, aunque considerando una duración inicial de cuatro semanas, podría generar un impacto directo en torno al 0,9% del PIB, que se elevaría hasta el 1,7% al incluir los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto del sistema económico.
La contención de la actividad durante el periodo de cuatro semanas mencionado afectaría intensamente al empleo y en el conjunto de 2020 supondría prácticamente un estancamiento de la economía española y podría llegar a suponer la pérdida de unos 300.000 empleos en este ejercicio.
A estos impactos derivados de la contención en el consumo privado, habría que añadir la posible paralización de los procesos inversores, como consecuencia de una mayor incertidumbre, junto con la caída de las exportaciones, inducida por la reducción de la actividad a nivel mundial y los posibles efectos de las fuertes caídas registradas en los mercados financieros.
Estos resultados medios son bastante heterogéneos en las diferentes ramas de actividad, y van desde una caída estimada del 7,3% en los servicios de hostelería, hasta un impacto prácticamente nulo en los servicios públicos. De hecho, algunas actividades de servicios públicos podrían incluso registrar un efecto positivo por efecto de las mayores necesidades de prestación de servicios.
La traslación al mercado laboral de estas contenciones de actividad se presenta también bastante incierta, dado que la respuesta de los empresarios ante una situación excepcional como la que estamos atravesando, dependerá, en gran medida de las posibilidades que tengan cada uno de ellos de asumir nuevos recortes en sus cuentas de resultados manteniendo las plantillas actuales ante la expectativa de transitoriedad de la situación.
En este sentido, en ausencia de ayudas específicas, las pymes se podrían ver especialmente afectadas, al contar con unos márgenes de maniobra mucho más limitados que las empresas de mayor tamaño, con una mayor capacidad financiera.
Tomando como referencia los efectos estimados en el análisis de impacto sobre las diferentes ramas de actividad, y considerando la distribución del empleo por tipología de empresas en cada una de ellas, de acuerdo con los registros ofrecidos por las Seguridad Social para el conjunto del pasado año 2019, se puede estimar el impacto relativo en términos de empleo en los diferentes tamaños empresariales.
Como puede comprobarse en el Gráfico 2, las actividades más afectadas son también en las que las pymes tienen una presencia relativa superior.
Este es el caso de los servicios de alojamiento y hotelería, donde las pymes representan en torno al 70% del empleo total; las agencias de viajes (59%); la industria textil (81%); confección (65%) y cuero y calzado (79%). En la misma línea, algunos servicios con un impacto relativo superior al 5%, como bibliotecas, archivos y museos, juegos de azar y apuestas o actividades deportivas y recreativas, presentan también una cuota de empleo en pymes en torno al 80%.
Asumiendo como hipótesis que todas las caídas de actividad se trasladaran a regulaciones de empleo, ante la imposibilidad de mantener los niveles de ocupación en un entorno de contención de la facturación, el efecto final se traduciría en una pérdida de más de 300.000 empleos, de los cuales algo más del 61% se producirían en las pymes.
Las microempresas (menos de 10 empleados) absorberían en 23% de las pérdidas totales de empleo (72.473), cifra similar a la que se registraría en el resto del sistema (fundamentalmente autónomos); seguidas por las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), con el 22%, y de las medianas empresas (de 50 a 249 empleados), que perderían cerca de 49.000 empleos.
En términos relativos, los mayores impactos se registrarían en el colectivo de microempresas, que perderían algo más del 2% del empleo total, frente a un impacto medio en el conjunto del sistema del 1,6%.
