Categoría: NdP

Nadie podía prever esta pandemia. Nadie podía prever que nada será igual. Hasta que podamos conseguir una vacuna, los fallecidos se van a contar por cientos de miles en el mundo.

Nadie duda que la salud es la prioridad y que todas las medidas deben encaminarse a este objetivo, que haya los menores afectados posibles. Pero, si es importante la salud del personal sanitario, del asistencial a los mayores, y de los trabajadores (cerrando actividad no esencial), también lo es, la de los olvidados: del entramado empresarial de pymes y autónomos que están haciendo que el país funcione, sin los medios de protección necesarios.

8 de cada 10 empresas de España tiene menos de 2 trabajadores, y el pequeño empresario y autónomo está al pie del cañón como cualquier trabajador (más de la mitad de los autónomos son autónomos societarios, es decir, propietarios de pymes a los que se les obliga a estar en el RETA). Son los que están abriendo para que podamos comprar alimentos y medicinas, los que no están encontrando ningún equipo de protección para poder seguir haciendo su trabajo, los que hacen la distribución en las peores condiciones, los que están colaborado y fabricando el material sanitario que no aporta el Gobierno, y tantos otros que rayando el heroísmo están suministrando y protegiendo a la sociedad.

Pues a esos, es a los que éste Gobierno no está apoyando como debiera. Se está demonizando al empresariado como si estuviera permanentemente despidiendo gente, cuando la mayoría está codo con codo con sus trabajadores. Se toman medidas para estos últimos (paro completo, no despido, permisos retribuidos) pero para los que están al pie del cañón, no. Únicamente se les ofrece la opción de que, si cesan o baja mucho en su actividad, darles seiscientos y pico euros, pero deben seguir pagando los gastos, los alquileres, los salarios. El Gobierno dice: si tienes problemas endéudate, pide un crédito, que ya te avalamos una parte, pero endéudate y sigue pagando. Por supuesto, sigue pagando impuestos que, si no, no recaudamos para mantener el Estado.

Hay que acompañar a las medidas sanitarias de medidas económicas para salvaguardar a la sociedad. La economía no es un grifo que se abre y se cierra. Ante una situación excepcional como ésta deben tomarse medidas excepcionales por el Gobierno, y debe ser el Estado el que aporte la liquidez por la falta de ingresos de las pymes y autónomos, pero no con avales y vacaciones a recuperar. Eso es cargar el problema a las pymes y autónomos. Hay que inyectar dinero real, tesorería para pagar. Es el Estado el que debe endeudarse y trasladar el dinero, la liquidez, a las pymes y autónomos para no parar la economía.

En la mayoría de las empresas no se puede improvisar el teletrabajo, no se puede parar de producir de un día para otro.

No es normal que anuncien medidas el sábado por la mañana y no se publiquen hasta las doce de la noche del domingo, provocando confusión máxima, sembrando la fundada sospecha de que el tiempo se ha perdido en discusiones partidistas que a nadie importan en estos dramáticos momentos.

Desgraciadamente, la situación se va a prolongar, pues no hemos llegado al pico de la pandemia, y vamos a llevar tres semanas. Nos queda otro tanto de bajada y alguna semana de prevención para no reactivar contagios. Mínimo dos o tres meses en el mejor de los casos.

Con el temor al contagio, ¿alguien piensa que al día siguiente todos vamos a salir a la calle a gastar y comprar?, ¿alguien piensa que la recuperación del turismo va a ser instantánea?

Si alguien cree que se aprieta un botón y todo va a volver a funcionar igual, está equivocado. O se corrige el rumbo y se adoptan medidas de apoyo real a las pymes y autónomos, o el panorama va a ser muy sombrío y la recuperación muy lenta.

El comportamiento de la sociedad española está siendo ejemplar y solidario; no la defrauden anteponiendo sus frentismos egoístas, y recuerden, señores y señoras del gobierno de España, que su obligación es demostrar que son capaces de gobernar pensando sólo en el bien de los ciudadanos.

Nadie podía prever esta pandemia, pero sí gestionarla mejor.

Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón.

Disparate, despropósito. CEPYME Aragón no encuentra palabras para calificar las medidas aprobadas por el Gobierno. Si la situación para las empresas ya era complicada tras la declaración del estado de alarma, esta se ha agravado más todavía tras la decisión de parar toda la actividad económica salvo la estrictamente esencial.

El Gobierno está dejando la responsabilidad de esta situación y los costes de esta crisis sobre los hombros de los empresarios y, teniendo en cuenta que el 99% del tejido empresarial está compuestos por pymes y autónomos, está cargando sobre éstos, con sus ingresos reducidos o nulos y obligados a pagar salarios, cotizaciones e impuestos, una situación que desembocará en el cierre de sus negocios y la desaparición de este colectivo.

No se soluciona el problema de la liquidez. Se está protegiendo a los trabajadores, pero se está olvidando de las pequeñas y medianas empresas que, con una seria falta de ingresos, no van a disponer de liquidez para pagar las nóminas a final de mes. El Gobierno no está siendo consciente del roto económico que acarrea para pymes y autónomos toda esta situación.

El Estado no se da cuenta de que, si “todos los días son domingo”, la recuperación económica no llegará. Sin liquidez para pagar nóminas, no habrá recuperación porque muchas empresas tendrán que echar el cierre. No se puede decretar unas “vacaciones” a costa de los empresarios y empresarias.

Uno de los colectivos más afectados en estos momentos son los autónomos que, recordamos, a pesar de la merma de sus ingresos tiene que seguir pagando su cuota mensual además de sus facturas habituales de alquiler, luz, agua… Aunque el Gobierno ha anunciado que para aquellos que se les haya concedido la ayuda extraordinaria por cese de actividad, automáticamente no se les facturará el resto de la cuota, esta concesión no les exonera de la obligación de pago de la parte de cuota comprendida entre los días 1 a 13 del mes de marzo. Unas decisiones que ponen de manifiesto que este colectivo es el gran olvidado de esta crisis.

El Estado ha confirmado el lanzamiento de avales que cubrirán el 80% del riesgo asociado a los préstamos a pymes y autónomos. Sin embargo, para su gestión e intento de aprobación ha de acudirse a las propias entidades financieras por lo que no servirá de nada si, por un lado, los empresarios autónomos, sin liquidez, deben hacer frente al 20% del mismo y, por otro, el filtro para su concesión sigue siendo la comisión de riesgos de las mismas.

CEPYME Aragón insiste: es necesario insuflar liquidez por todos los medios. Cuando todo esto acabe y vuelva la normalidad, los autónomos no van a estar en condiciones de afrontar la deuda acumulada durante estos días. No hay ningún tipo de ayuda directa o condonación de impuestos.

Asimismo, con la paralización de toda la actividad económica, ¿qué pasa con ellos? Recordamos que no pueden acogerse al mencionado permiso retribuido recuperable, ya que son sus propios jefes. La recuperación va a ser muy lenta y serán los autónomos los más afectados de esa tardía recuperación del consumo.

Pymes y autónomos son siempre el acicate que rellenan las promesas de las campañas políticas y, sin embargo, son en los momentos difíciles cuando se ve la importancia que se les otorga y, desde luego, se está demostrando que son los grandes olvidados del Gobierno.

CEPYME Aragón cuenta con casi 20.000 autónomos asociados, la mayoría autónomos societarios. Se trata de la organización empresarial con mayor número de asociados de este colectivo.

Tras el anuncio del Gobierno de restringir los despidos durante la crisis sanitaria, CEPYME Aragón quiere expresar su total desacuerdo y alerta de las consecuencias que esta medida podría suponer para la recuperación económica. No se podrá despedir, pero no se pagarán los salarios, y ello conllevará un resultado peor: el cierre de empresas.

CEPYME Aragón advierte que si se limitan temporalmente los ERTEs al final del estado de alarma estos expedientes se acabarán convirtiendo en EREs.

El Gobierno tiene que entender que la recuperación no va a producirse “en forma de V” sino de “U”, es decir, lentamente. Hay que ser realistas y asumir que cuando finalice el estado de alarma la sociedad va a seguir teniendo miedo de contagiarse y, por lo tanto, de volver a sus hábitos de consumo. En un país como el nuestro, en el que es muy importante el consumo interno, la recuperación va a ser lenta, igual que la vuelta del turismo.

No estamos en un momento de prohibir a las empresas, sino de ayudarlas. De tomar medidas para apoyarlas y recordar que es nuestro tejido empresarial, especialmente las pymes, el que está soportando esta crisis con mayor fuerza, intentando evitar echar el cierre de sus negocios y sosteniendo, como puede, el empleo para que cuando todo esto acabe, se sigan manteniendo el mayor número de puestos de trabajo.

El principal problema de abril será que las empresas no tendrán liquidez para pagar las nóminas a final de mes por falta de ingresos. Deberían tomarse medidas como en Dinamarca donde, para evitar los ERTEs, se apuesta por un pago directo a las empresas de hasta el 75% de los salarios, evitando intermediarios y pérdida de tiempo. Una propuesta muy similar a la que presentó CEPYME Aragón de compensar por “lucro cesante” a las empresas afectadas por la crisis mediante un “cheque compensatorio” directo.

Hay que pensar en la economía real y recordar que el 85% de nuestras empresas tienen menos de cinco trabajadores y que son estas las que más van a sufrir el golpe.

Las empresas están afrontando un problema derivado de la crisis por el coronavirus, cuyos efectos finales son muy inciertos. El efecto final de la crisis dependerá lógicamente de la prolongación en el tiempo de esta situación.

CEPYME, en colaboración con CEPREDE, ha realizado una primera estimación del impacto que se derivaría de la paralización del consumo de los hogares como resultado de las restricciones impuestas por el estado de alarma. Según este estudio, se podría generar en nuestra Comunidad Autónoma un impacto directo de en torno al 0,9% sobre el PIB, que se elevaría hasta el 1,6% al incluir los efectos indirectos (la media nacional se sitúa en el 1,7%).

La estructura productiva regional es un factor determinante del impacto. Así, de acuerdo con el estudio, considerando de forma aislada la contención del consumo, las Comunidades insulares serían las más afectadas debido a su vinculación con el turismo.

Por otro lado, según el estudio y de manera estimada, la contención de la actividad podría afectar a 9.421 puestos de trabajo en Aragón. Estas cifras sitúan a Aragón en la parte media de la tabla, ya que Cataluña abarcaría la mayor destrucción de empleo con más de 60.000 puestos, dado que es una región en la que el comercio, hostelería y servicios empresariales son los principales motores, seguida de Madrid con algo más de 52.000 puestos destruidos.

Estos datos ponen de manifiesto el grave impacto que esta crisis sanitaria puede provocar en la economía aragonesa. Si se prorroga esta situación, pymes y autónomos, sin duda, se verán seriamente resentidas.

CEPYME Aragón hace una llamada de atención al Gobierno para que plantee soluciones a la economía real y no a la economía de despacho.

 

La economía española en general y las pymes en particular están afrontando un problema derivado de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y cuyos efectos finales son muy inciertos, no disponiéndose aún de ninguna estadística oficial que refleje los efectos que, sin duda, se están generando sobre el empleo.

En este entorno de incertidumbre, únicamente es posible tratar de aproximar los posibles efectos que esta situación puede generar sobre nuestro sistema económico realizando hipótesis razonables sobre la duración y el posible impacto relativo sobre las diferentes ramas de actividad.

En esta línea, CEPYME, en colaboración con CEPREDE, ha realizado una primera estimación del impacto que se derivaría de la paralización del consumo de los hogares como resultado de las restricciones impuestas por el estado de alarma.

El efecto final de la crisis dependerá lógicamente de la prolongación en el tiempo de esta situación, aunque considerando una duración inicial de cuatro semanas, podría generar un impacto directo en torno al 0,9% del PIB, que se elevaría hasta el 1,7% al incluir los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto del sistema económico.

La contención de la actividad durante el periodo de cuatro semanas mencionado afectaría intensamente al empleo y en el conjunto de 2020 supondría prácticamente un estancamiento de la economía española y podría llegar a suponer la pérdida de unos 300.000 empleos en este ejercicio.

A estos impactos derivados de la contención en el consumo privado, habría que añadir la posible paralización de los procesos inversores, como consecuencia de una mayor incertidumbre, junto con la caída de las exportaciones, inducida por la reducción de la actividad a nivel mundial y los posibles efectos de las fuertes caídas registradas en los mercados financieros.

Estos resultados medios son bastante heterogéneos en las diferentes ramas de actividad, y van desde una caída estimada del 7,3% en los servicios de hostelería, hasta un impacto prácticamente nulo en los servicios públicos. De hecho, algunas actividades de servicios públicos podrían incluso registrar un efecto positivo por efecto de las mayores necesidades de prestación de servicios.

La traslación al mercado laboral de estas contenciones de actividad se presenta también bastante incierta, dado que la respuesta de los empresarios ante una situación excepcional como la que estamos atravesando, dependerá, en gran medida de las posibilidades que tengan cada uno de ellos de asumir nuevos recortes en sus cuentas de resultados manteniendo las plantillas actuales ante la expectativa de transitoriedad de la situación.

En este sentido, en ausencia de ayudas específicas, las pymes se podrían ver especialmente afectadas, al contar con unos márgenes de maniobra mucho más limitados que las empresas de mayor tamaño, con una mayor capacidad financiera.

Tomando como referencia los efectos estimados en el análisis de impacto sobre las diferentes ramas de actividad, y considerando la distribución del empleo por tipología de empresas en cada una de ellas, de acuerdo con los registros ofrecidos por las Seguridad Social para el conjunto del pasado año 2019, se puede estimar el impacto relativo en términos de empleo en los diferentes tamaños empresariales.

Como puede comprobarse en el Gráfico 2, las actividades más afectadas son también en las que las pymes tienen una presencia relativa superior.

Este es el caso de los servicios de alojamiento y hotelería, donde las pymes representan en torno al 70% del empleo total; las agencias de viajes (59%); la industria textil (81%); confección (65%) y cuero y calzado (79%). En la misma línea, algunos servicios con un impacto relativo superior al 5%, como bibliotecas, archivos y museos, juegos de azar y apuestas o actividades deportivas y recreativas, presentan también una cuota de empleo en pymes en torno al 80%.

Asumiendo como hipótesis que todas las caídas de actividad se trasladaran a regulaciones de empleo, ante la imposibilidad de mantener los niveles de ocupación en un entorno de contención de la facturación, el efecto final se traduciría en una pérdida de más de 300.000 empleos, de los cuales algo más del 61% se producirían en las pymes.

Las microempresas (menos de 10 empleados) absorberían en 23% de las pérdidas totales de empleo (72.473), cifra similar a la que se registraría en el resto del sistema (fundamentalmente autónomos); seguidas por las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), con el 22%, y de las medianas empresas (de 50 a 249 empleados), que perderían cerca de 49.000 empleos.

En términos relativos, los mayores impactos se registrarían en el colectivo de microempresas, que perderían algo más del 2% del empleo total, frente a un impacto medio en el conjunto del sistema del 1,6%.