Tras la publicación del Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y analizar el contenido del mismo, CEPYME Aragón quiere mostrar su profunda decepción.
En primer lugar, la organización empresarial critica las medidas presentadas para los empresarios autónomos ya que únicamente hace referencia a la prestación extraordinaria por cese de actividad bajo el cumplimiento del requisito de justificar la caída del 75% de la facturación en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Por lo que la prestación estará condicionada a cómo ha ido el negocio en los últimos seis meses.
Además, la cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% de la base reguladora. Teniendo en cuenta que la base mínima de cotización es de 944,4 €, los autónomos solo recibirían 661,08 €. A lo que habría que añadir que deberán seguir pagando la cuota de autónomos, así como sus gastos habituales de alquiler, luz, agua…
Por otro lado, respecto a las medidas para garantizar liquidez, en el caso de las líneas de avales no servirá de nada si el filtro para su concesión sigue siendo la comisión de riesgos de las entidades financieras y, además, con un límite del 50%. Debería realizarse como en otros países, como Francia, con subvenciones directas a la actividad o, también, a través de créditos habilitados por el ICO, con unos plazos amplios de devolución y el aval del Estado.
Respecto a la moratoria en las hipotecas, hay que destacar que únicamente hace referencia a la primera vivienda de particulares, sin hacer mención a los alquileres de locales empresariales.
Respecto a las medidas excepcionales en relación a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada, solo se agiliza el periodo de resolución de 15 a 7 días por parte de la Autoridad Laboral. CEPYME Aragón considera que debería aplicarse un sistema más automático y de poco coste para las empresas. Asimismo, si no hay flexibilidad con el concepto de “fuerza mayor”, el pronóstico es que los ERTE acaben convirtiéndose en EREs.
Si se prorroga esta situación, el grave problema de pymes y autónomos será que el mes que viene la mayoría de ellos no podrán pagar las nóminas, bien por falta de liquidez, bien por falta de ingresos, o por ambas.
CEPYME Aragón hace una llamada de atención al Gobierno para que plantee soluciones a la economía real y no a la economía de despacho.