El Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales y sindicales han suscrito un decálogo sobre la financiación autonómica en el que se avalan las tesis del Gobierno de Aragón a la hora de negociar una revisión del sistema que sea justa y atienda a las necesidades de la Comunidad Autónoma.
El decálogo, que ha sido suscrito por el presidente de Aragón, Javier Lambán, el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE-Aragón), Ricardo Mur; el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME), Aurelio López de Hita; el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey y el secretario general de CC.OO Aragón, Manuel Pina, asegura en su punto final que el objetivo de la revisión del sistema de financiación debe ser conseguir “cubrir el coste real de los servicios fundamentales y no fundamentales”, rompiendo con las carencias estructurales que han afectado siempre a la financiación autonómica.
El manifiesto reclama una actualización que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, así como la autonomía financiera, la responsabilidad fiscal y la lealtad institucional, además de abordar el nuevo sistema desde el respeto a lo que en esta materia señala el Estatuto de Autonomía de Aragón, el dictamen de mayo de 2018 de las Cortes de Aragón, que elaboró la Comisión especial de estudio del nuevo sistema de financiación y los acuerdos institucionales alcanzados con otras comunidades, tanto en la reunión de Zaragoza de 2018, como en la de Santiago de Compostela del pasado noviembre.
Finalmente, los representantes del diálogo social junto al Gobierno de Aragón han pedido un escenario de equidad para el nuevo sistema de financiación, que garantice el mismo nivel de acceso a los servicios públicos por parte de todos los españoles, así como un acuerdo generalizable y asumible por todas las comunidades.
El manifiesto deja constancia además del deseo de que los asuntos que tienen que ver con la financiación de la comunidad autónoma tengan un espacio de debate bilateral, entre la comunidad y el estado, y otro multilateral, que favorezcan la transparencia.