El Instituto Nacional de Estadística (INE) envía encuestas periódicamente a las empresas españolas para obtener datos con los que elaborar sus informes, unas encuestas que son de obligado cumplimento so pena de sanción en caso de no responder, según se establece en la Ley de la Función Estadística Pública.
Estos cuestionarios suponen un coste adicional en tiempo y dinero especialmente para las pymes. En tiempo porque a la actividad propia de la empresa se suma la obligatoriedad de rellenar encuestas mensual o anualmente y en dinero porque, en muchas ocasiones, los pequeños empresarios y autónomos tienen dificultades para cumplimentar los formularios por la complejidad de los términos y tienen que recurrir a gestores externos.
Además, la mayor parte de la información que se solicita en dichas encuestas como las cuentas anuales, las cuentas de resultados o el número de trabajadores, puede obtenerse en registros públicos, como el registro mercantil o el de la propiedad, así como a través de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
CEPYME Aragón entiende la importancia de los datos pero considera que se debe revisar el procedimiento porque supone una carga adicional para las pymes que, día a día, deben trabajar para sacar adelante su actividad.