Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (Ver)
Pendiente la realización de un resumen de los aspectos más importantes de la misma, se destaca la publicación de esta norma, indicando que la misma se fundamenta –como detalla en su exposición de motivos– en la excesiva dependencia de las empresas españolas (en especial las pymes) de la financiación bancaria, tanto para sus necesidades de inversión como para su operativa corriente.
Siendo las pymes el porcentaje mayoritario del tejido empresarial español y, en su conjunto, el principal empleador del país, una restricción en el acceso al crédito bancario, derivada de problemas inicialmente de índole estrictamente financiera, tiene un impacto muy significativo en el conjunto de la economía. Los efectos de esta fuerte bancarización se han dejado notar en la economía española en los últimos años por que la restricción en volumen de crédito se ha acompañado de un paralelo incremento en su coste. Este contexto es, de nuevo, especialmente acusado para las pymes, debido fundamentalmente a la existencia de menor información sobre su solvencia, lo que dificulta y encarece la necesaria labor de valoración del riesgo previa a la financiación.
Por todo lo anterior, se hacía necesario –según la propia exposición de motivos– poner en marcha un giro estratégico de la normativa, partiendo de un análisis estricto de sus efectos sobre las diversas fuentes de financiación de la economía española. Para ello se articulan un conjunto de medidas con una doble finalidad. La primera pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes, y parte de la convicción de la necesidad de potenciar la recuperación del crédito bancario, dada su vital importancia en nuestro sistema financiero. La segunda pretende avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria.
Este último es el objeto fundamental de la norma, que establece y desarrolla tales instrumentos de financiación no bancaria.