La consulta de textos normativos (leyes, decretos, órdenes …) se ha convertido en algo frecuente por lo sencillo que es el acceso a los mismos mediante el uso de cualquier buscador web.
Ese fácil acceso no debe hacernos rebajar las cautelas a la hora de comprobar algo esencial: si el texto que consultamos por internet está, efectivamente, vigente en el momento de la consulta o si, en su caso, su contenido no ha sufrido modificaciones o alteraciones desde su promulgación. Es decir, nos interesa que la norma que consultamos sea – a la fecha – un documento que integre en el texto original de una norma o disposición las modificaciones y las correcciones que ha tenido desde su origen. Eso es lo que en derecho se denomina texto consolidado de una norma.
Y es aquí donde se debe recordar – al margen de páginas privadas o no oficiales, que cumplen igualmente esa función – el papel del Boletín Oficial del Estado y su página web (https://www.boe.es) de consulta y acceso a la normativa vigente y textos consolidados de la misma (incluso con sistemas de alarmas de modificación de normas concretas, previa alta).
Ejemplo: búsqueda de una norma en un buscador de internet (en el ejemplo, Google).
Búsqueda del Real decreto 2591/1998
Puede aparecer la opción de acceder directamente al texto consolidado (resultado 2 de la búsqueda).
Si no apareciese tal opción y entramos en la primera de las opciones BOE, nos aparecerá el texto originariamente publicado en el BOE, tal cual.
Si accedemos al vínculo “Texto consolidado” que aparece en el encabezamiento, el texto que se nos muestra ahora es el que incorpora (así lo va indicando al pie de cada artículo afectado) las modificaciones habidas en el mismo, mostrándonos el actualmente vigente. Véase un ejemplo en la norma utilizada:
(Idem en el apartado “Análisis”)
Resumen:
