Autor: CEPYME Aragón

Tras la reunión de su Junta Directiva de este miércoles, CEOE y CEPYME quieren mostrar su rechazo total a la aprobación, sin preaviso y desde el desprecio al Diálogo Social, de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales o de empresa, incluida en el paquete legislativo al que dio luz verde este martes el Consejo de Ministros.

Desde el punto de vista formal, queremos recordar que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva.

Cambios que, además, acordamos no incluir en la última reforma laboral que pactamos en el marco del Diálogo Social tripartito y que adoptamos como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos previstos.

Por tanto, el Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el Dialogo Social.

Asimismo, en la práctica esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que, a nivel europeo y aún dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad.

Por tanto, la materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española.

Las continuadas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2018, que ha aumentado un 30,2% ajustado a la inflación, afectan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas que, por su reducida estructura, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala tienen menores recursos para sumir este incremento de costes laborales.

El propósito de elevar el SMI, sin tener en cuenta el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que lo determina, e incrementarlo por encima incluso del 60% del salario medio provocaría que en las pequeñas empresas alcanzara el 70% de su salario medio y en algunos territorios supera incluso el 80% del medio provincial. Estos incrementos generan grandes implicaciones en la negociación de los convenios colectivos, desactivando convenios ya pactados por sindicatos y empresarios, además de tener fuertes consecuencias en la llamada España vaciada. El informe Repercusión de la subida del SMI en la pyme española, elaborado por el Servicio de Estudios de CEPYME, analiza el impacto para la pyme tomando como escenario un posible aumento del 5% del SMI.

Hay que recordar que este incremento del SMI entraña un coste salarial para la empresa hasta un 75% más elevado. El coste salarial mínimo mensual para la empresa puede estar entre los 1.740 euros y los 1.824 euros, dependiendo de la cotización por accidentes de trabajo. Es decir, que el coste salarial efectivo mensual es entre un 67% y un 75% más alto que la cifra del salario mínimo.

Desde CEPYME se recuerda que la subida del salario mínimo ha de ser acorde, como establece el Estatuto de los Trabajadores, también a las condiciones de la coyuntura, que dibuja un escenario claro de desaceleración, y a la productividad. A este respecto, España ha sufrido una caída del 3,8% desde 2018, coincidiendo con el período de fuertes incrementos del SMI. Esta caída de la productividad contrasta con un incremento medio del 4,6% en los países más avanzados, lo que revela una pérdida de competitividad de nuestro país y un entorno menos favorable para la actividad productiva. De hecho, España no solo ha registrado uno de los incrementos más fuertes de la UE, sino que, en relación con su productividad, tenemos el segundo SMI más caro de la Unión Europea.

Impacto en el empleo y alza de costes

Los sucesivos aumentos suponen una carga que resulta excesiva para las pymes y conlleva riesgos para su sostenibilidad y para el mantenimiento del empleo que generan. De hecho, tiene implicaciones en la creación de empleo. El alza del SMI producida desde 2018 ha impactado negativamente en la creación de empleo en las tareas elementales. Un impacto que se puede cifrar en la no creación de hasta 163.0000 puestos de trabajo, siendo los más afectados las personas jóvenes y los colectivos menos cualificados. Esta situación es especialmente preocupante en un país que tiene la mayor tasa de desempleo en Europa.

Cabe considerar que el aumento del SMI supone un incremento inmediato de cotizaciones sociales, ya que la base mínima de cotización está regida por esta normativa. De este modo, en los últimos 5 años, la base mínima de cotización se ha incrementado un 50%, influyendo de forma directa en el incremento de costes laborales especialmente en las pymes, que han aumentado un 12% en los últimos dos ejercicios.

Los sucesivos incrementos han impactado de forma directa en sectores como la agricultura y en las empresas concesionarias de contratos públicos, que no son actualizados a pesar de las sucesivas subidas. Asimismo, el sector agrario está sufriendo un fuerte colapso en el empleo y lleva registrando 27 meses continuados de caída en el empleo en tasa interanual.

Según el informe elaborado por el servicio de estudios de CEPYME, el impacto del SMI difiere además entres sectores y territorios. El impacto del SMI por sectores se observa cuando se escala por tamaño de empresa, siendo la pequeña la que registra un salario medio más bajo debido a su menor productividad y, por tanto, mayor impacto del SMI. Con las constantes subidas del SMI en los últimos años, la empresa de menor tamaño especialmente no ha tenido tiempo suficiente para tener una ganancia en productividad que le aminore el impacto de estas subidas.

Destaca especialmente la pequeña empresa del sector servicios, que sufre un mayor impacto del SMI, suponiendo este un 70,5% del salario medio del sector. No obstante, también se observa esta diferencia en otros sectores, donde los salarios son más elevados, como es el caso de la industria y la construcción. De hecho, a pesar de ser más elevados sus salarios medios, el SMI en las pequeñas del sector secundario también se sitúan por encima del 60% del salario medio de su sector. Y se abre una brecha cada vez más mayor en el tamaño de empresas, donde las pequeñas empresas de estos sectores se quedan descolgadas de las retribuciones de las grandes del sector.

Este desequilibrio también se produce a nivel territorial. Elevar el SMI a 1.135 euros dejaría a 13 comunidades autónomas y 38 provincias con un porcentaje del SMI sobre salario medio superior al 60%. Destaca Extremadura, donde el SMI supondría el 72,8% del salario medio autonómico.

A nivel provincial, en 11 provincias, la relación entre el salario mínimo y el promedio, en términos netos, es mayor al 70%. Destaca Ávila, donde el SMI representa el 78,7 por ciento del salario medio neto. En 26 provincias, un SMI de 1.135 euros superaría el 75% del salario medio provincial.

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