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Además, el nuevo reglamento de exenciones verticales junto a sus directrices, nos aportan mecanismos novedosos que podemos implementar en nuestro sistema de distribución online para controlarlo mejor y sacarle el mayor provecho.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley de protección del informante se inicia un plazo en el que las empresas con más de 50 empleados van a verse obligados a implementar un canal de denuncias en su organización. Acaba de entrar en vigor la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Así, en todos los países de la Unión Europea y de cara a 2024, las empresas con más de 50 empleados, así como la mayoría de las organizaciones gubernamentales, están legalmente obligadas a establecer un sistema de denuncia de irregularidades y posibles ilícitos, que permita analizar casos de posibles infracciones, junto a otros asuntos de gravedad en la organización. La legislación prevé que dicho canal o sistema debe ser accesible tanto a nivel interno de la organización, como externo para cualquier stakeholder de esta. Durante todo el proceso deberá garantizarse la confidencialidad del denunciante y el contenido de su denuncia; adicionalmente, se prevé la facultad de interponer denuncias anónimas.

Los plazos de aplicación de la Ley de protección del informante son:

• 13 de junio empresas de 250 o más trabajadores (y casi todas las administraciones públicas).
• 1 de diciembre empresas de 50 o más trabajadores.

Los objetivos esenciales de la creación de un canal de denuncias son:

• Preventivo: evitar posibles sanciones derivadas del incumplimiento de la legislación (100.000 – 1.000.000 €).
• Reactivo: dar cumplimiento a la normativa y adaptar los procesos internos y externos.
• Proactivo: gestionar los riesgos empresariales para su minimización.

Dada la importancia de estas novedades normativas la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, junto con CEPYME Zaragoza e Integra han organizado una jornada gratuita en la que Dª: Mª Cristina Martínez-Tercero Molina, Responsable de Derecho Digital, Propiedad Intelectual y Compliance en Integra nos informará y podrá resolver todas las dudas relativas a:

• El canal de denuncias interno y externo.
• El plan antifraude para contratación con la administración pública.
• Lo que podemos y no podemos hacer en materia de precios (precios mínimos, máximos, exactos o recomendados)
• Las nuevas oportunidades para la venta en marketplaces.
• Las obligaciones de los intermediarios (Amazon, Alibaba, etc)
• La publicidad online y sus principales cambios.
• El impacto de la protección de datos personales y la importancia de su adecuada gestión.