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María Jesús Lorente, presidenta CEPYME Aragón: “La prevención de los riesgos psicosociales es un trabajo de todos, hagamos de Aragón un lugar seguro”

Esta semana ha tenido lugar la jornada “Gestión de los riesgos psicosociales en la empresa” organizada por CEPYME Aragón con el objetivo de evaluar los retos a los que se enfrentan las pymes en materia de seguridad laboral. María Jesús Lorente ha hecho hincapié en que la base de dicha seguridad se encuentra en la concienciación sobre prevención: “No podemos hacer oídos sordos ante la prevención. Las pequeñas empresas nos diferenciamos de los grandes en el tamaño: no es lo mismo ejecutar planes de prevención en plantillas de 5 personas que en las de más de 1000”. Y ha matizado: “La prevención es un trabajo de todos”

Lorente ha querido incidir en el año negro de siniestralidad laboral que está sufriendo Aragón y ha recordado a todos los asistentes que desde el inicio de la ley de Prevención de Riesgos Laborales CEPYME ha estado velando por mejorar la seguridad laboral. “Debemos de hacer de Aragón un lugar seguro” ha destacado. “Y para ello conocer los riesgos psíquicos, personales, familiares y sociales son más que necesarios”, ha terminado

La jornada ha contado con la presencia de medio centenar de empresarios y técnicos de prevención, así como un panel de experiencias y ponentes. Francisco Luna, jefe de seguridad y salud laboral de la inspección de trabajo y Seguridad Social de Zaragoza y Carmen Mombiela, técnico superior de PRL del ISLA han sido los encargados, junto a Mariví Pérez, responsable del departamento de PRL de CEPYME Aragón, de poner de manifiesto los datos que se cotejan en materia de prevención. Tras ellos se ha puesto en marcha una mesa de experiencias ha permitido poner ejemplos y aterrizar las ideas reales en los puestos de trabajo

Pedro Jesús Gregorio Gerente de Mecanizados Luna, Beatriz Lario, responsable de prevención del Grupo Rey Ardid a Javier Mediel, coordinador de la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón han sido los protagonistas

El número de concursos presentados durante el segundo trimestre de este año experimentó un importantísimo incremento interanual: los 12.006 concursos recibidos entre abril y junio pasados por los Juzgados de lo Mercantil representan un 107,1 % más que los registrados en estos órganos judiciales y en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en el mismo periodo de 2022. Por tipo de concurso, los que mostraron un mayor incremento -del 217 por ciento- fueron los presentados por personas naturales no empresarios, que sumaron 9.279.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el mayor número se registró en Cataluña, donde los 4.074 concursos registrados representan un 33,9 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.475 concursos; Comunidad Valenciana, con 1.450; y Madrid, con 1.416.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, se presentaron 1.528, un 1,2 por ciento más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos de este tipo, con 496, lo que supone el 32,5 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 260; Comunidad Valenciana, con 178; y Andalucía, con 131.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 1.199, fueron los únicos que mostraron una tendencia a la baja al descender en un 11,9 % respecto a igual trimestre de 2022. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, con 703, lo que supone el 58,6 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 102; Andalucía, con 86; y la Comunidad Valenciana, con 72.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios ascendieron hasta 9.279, lo que supuso un incremento del 217 % respecto al ejercicio anterior. La lista la encabeza Cataluña con 2.875 concursos presentados, que representan el 31 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.258; la Comunidad Valenciana, con 1.200; y Madrid, con 1.054.

En los siguientes gráficos se muestra el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos tribunales superiores de justicia, distinguiendo por tipo de concurso: de personas físicas no empresarios, de personas físicas empresarios y de personas jurídicas.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil ascendió hasta un total de 9.000, lo que equivale a un incremento del 496,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. 

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, un 63,9 por ciento menos que un año antes, mientras que los que iniciaron la fase de liquidación, 1.292, casi duplicaron la cifra registrada en el segundo trimestre de 2022 al aumentar un 43,7 por ciento.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 93 expedientes, un 5,1 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Aumentan las demandas por despido y las de reclamación de cantidad

En el segundo trimestre de 2023 se presentaron 34.014 demandas por despido, un 18,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña, con 7.160 (el 21,1 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 5.336; Madrid, con 5.230; y la Comunidad Valenciana, con 4.517.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social también experimentó un importante aumento interanual, situado en el 16,6 por ciento, al contabilizarse un total de 35.469. De ellas, 7.875 se presentaron en Madrid, lo que ha supuesto el 22,2 % del total nacional; 5.501 en Andalucía y 4.381 en Cataluña.

Los siguientes gráficos muestran el número de demandas de despido y de reclamación de cantidad por cada 100.000 habitantes:

Aumento del 36,7 % de los procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 297.658, lo que ha supuesto un fuerte incremento interanual, situado en el 36,7 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Madrid, donde se tramitaron 53.122. Le siguen Andalucía, con 52.473; Cataluña, con 51.383; y la Comunidad Valenciana, con 34.940.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Reducción interanual del 17,3 % de las ejecuciones hipotecarias

En el segundo trimestre del año se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3 % menos que en el mismo periodo de 2022.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, un 20,6 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821; y Madrid, con 567. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 15,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; y Castilla la Mancha, con 13,4.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo) 

En el segundo trimestre de 2023, ingresaron en los juzgados especializados 21.522 asuntos de esta naturaleza, lo que representa un 2,5 % más que en igual trimestre de 2022. Se resolvieron 29.669 asuntos, un 19,9 por ciento menos, y quedaron en tramitación 145.201, lo que supuso una disminución de la pendencia en un 21,7 por ciento. Se dictaron un total de 24.624 sentencias, el 97,4 % de las cuales fueron estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2023 ingresaron 797 asuntos de este tipo, un 2,3 por ciento más que el año anterior. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas (195), que representan el 24,5 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 137; Andalucía, con 130; y Castilla-La Mancha y Madrid, con 57 cada una.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2023 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/

En 2023 la mujer en las cooperativas aragonesas ha sido el hilo conductor de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Bajo el titulo “Cooperativas agroalimentarias: mujeres y hombres trabajando en equipo por la igualdad”, el Area de Igualdad del Departamento de Agricultura , Ganadería y Alimentación ha reunido a representantes de la Universidad de Zaragoza, Cooperativas y trabajadoras del sector primario.

La sede de Cereales Teruel ha sido anfitriona de este encuentro en el que se ha premiado el trabajo intenso y el ejemplo de tres jóvenes ganaderas de la provincia. Victoria Miguel, Cristina López y M Cristina Lucacci viven en pequeños municipios de menos de cien habitantes, donde han centrado su explotación y su familia.

Las ganaderas han reclamado más servicios para los pueblos. “La escuela o los servicios sanitarios son fundamentales para que la población aumente en nuestros municipios. En provincias como las de Teruel hay vocaciones en agricultoras y ganaderas pero necesitamos el apoyo de las instituciones para no dejar de vivir en núcleos pequeños.”

La Jornada sobre mujeres rurales se ha iniciado con las ponencias de Rosa Duarte, profesora de la Universidad de Zaragoza y M Jesus Lorente, Presidenta de CEPYME Aragón hablando de la presencia femenina en las cooperativas agrarias y la necesidad de seguir aumentando esas cuotas.

En un segundo turno de palabra se ha desarrollado un coloquio con Carolina Luna Valiente, codirectora de la cooperativa ganadera de Caspe; Antonio Aparicio Peña, director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa en Pastores Grupo Cooperativo; Virginia Gálvez Gil, Presidenta de Bodegas Aragonesas y Ana Gargallo Castel, profesora del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza en Teruel.

Los afectados por la tormenta del pasado 6 de julio podrán recibir, tres meses después, las esperadas ayudas directas de forma subsidiaria

El Consejo de ministros acordaba este lunes declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) a las 28 comarcas dañadas por distintos fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales registrados en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia en los últimos meses.

La Presidenta de CEPYME Zaragoza, María Jesús Lorente, muestra su satisfacción ante el anuncio pese a que llegan tres meses después del suceso. Ha incidido en que “CEPYME ha abanderado esta declaración y ha sido quién ha recopilado la base de datos para trasladar al las entidades locales. Se ha trabajado  y se han unido esfuerzos con la Delegación del Gobierno, con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y con el de Zaragoza”. Cabe destacar además que este acuerdo llega por parte del Ministerio del Interior, pero quedan acuerdos sectoriales que tomar en otros ministerios .

La decisión del Consejo de ministros abre la vía para que las empresas zaragozanas afectadas sus infraestructuras y bienes el pasado seis de julio a causa de las lluvias torrenciales puedan solicitar las ayudas subsidiarias previstas a partir de la publicación en el BOE de dicha declaración.

Ayudas directas:

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las siguientes:

• Ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.
• Ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros.
• Ayudas por destrucción total de la vivienda habitual: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros.
• Ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros.
• Ayudas por otros daños en la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros.
• Ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros.
• Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.
• Ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.
• Ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables: entre el 50% y el 100%, según los casos.
• El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Cabe resaltar que quedan pendientes de aprobar las medidas departamentales.