CEOE Aragón y CEPYME Aragón quieren reafirmar el valor del diálogo social como uno de los grandes activos democráticos y económicos de nuestra Comunidad Autónoma.
El diálogo social no es un privilegio, ni una concesión coyuntural del poder político. Es un instrumento de interés general, reconocido por el ordenamiento jurídico, que mejora las decisiones públicas, anticipa conflictos, refuerza la estabilidad económica, favorece la paz social y contribuye a un Aragón más competitivo y atractivo para la inversión.
Aragón cuenta con una trayectoria singular en España. Desde el primer Acuerdo Socioeconómico de Aragón de 1989, nuestra Comunidad ha mantenido una cultura ininterrumpida de concertación entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos. Esta tradición forma parte de una manera aragonesa de entender la política económica y social: negociación, responsabilidad, respeto institucional y acuerdos útiles. Durante décadas, ese modelo ha acompañado avances en estabilidad laboral, formación, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva, defensa del tejido productivo, digitalización, lucha contra la despoblación y atracción de inversiones.
Conviene recordar que la Constitución Española no limita la participación pública a los partidos políticos. El artículo 6 reconoce a los partidos como cauce del pluralismo político, mientras que el artículo 7 atribuye a sindicatos y asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. La democracia incorpora también la participación de quienes representan legítimamente al tejido productivo y laboral.
Esa arquitectura tiene reflejo en el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la negociación colectiva como resultado del acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios, con rango de ley. Las organizaciones empresariales aragonesas ejercen, por tanto, una doble función: representar a las empresas ante las administraciones públicas y participar en la negociación colectiva como pieza esencial del sistema laboral.
También Aragón ha dotado a este modelo de un marco propio. La Ley 1/2018, de diálogo social y participación institucional en Aragón, protege el diálogo social como factor indispensable para la cohesión social, el progreso económico y la competitividad. La norma reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como expresión del interés general socioeconómico de la Comunidad Autónoma.
La financiación prevista no es una retribución personal ni un privilegio, sino un instrumento para atender los gastos derivados de una función esencial reconocida institucionalmente.
Por ello, es necesario no confundir conceptos. La función institucional debe contar con financiación pública adecuada, transparente y evaluable. La prestación de servicios propios y la actividad ordinaria de las organizaciones empresariales se financian con recursos propios. Además, quienes integran sus órganos de gobierno no reciben asignaciones retributivas, no disponen de coche oficial ni ejercen su responsabilidad desde el privilegio.
Toda partida pública puede y debe evaluarse con criterios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Pero una cosa es el legítimo debate presupuestario y otra cuestionar el modelo institucional de participación. Debilitar el diálogo social no mejora la gestión pública: la empobrece y desplaza los problemas a espacios menos ordenados y más conflictivos.
Defendemos un marco de interlocución útil, legítimo y necesario para Aragón. Representamos a miles de empresas, pymes y autónomos que sostienen empleo, actividad económica, arraigo territorial y servicios en todos los sectores y comarcas. Nuestro papel es representativo, técnico, territorial y social.
El diálogo social ha permitido abordar problemas complejos desde la responsabilidad compartida: empleo, formación, absentismo, prevención de riesgos laborales, competitividad, digitalización, simplificación administrativa y necesidades del medio rural. También ha contribuido a la paz social, fruto de una forma de trabajar basada en el acuerdo, la negociación y el respeto institucional.
Nuestra posición es firme, pero constructiva. Pedimos respeto institucional, transparencia, criterios objetivos y voluntad de diálogo. Pedimos que se escuche a las organizaciones empresariales antes de adoptar decisiones que afectan al tejido productivo y que no se debilite un modelo útil para Aragón.
El diálogo social no pertenece a las organizaciones. Pertenece a Aragón y a los aragoneses. Gobernar para Aragón exige cuidar aquello que funciona. CEOE Aragón y CEPYME Aragón reiteran su compromiso con la transparencia y su voluntad de trabajar por la competitividad de las empresas, el empleo, la cohesión territorial y el interés general.
