CEPYME considera que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo para 2027, del 5,3%, hasta alcanzar los 18.004 euros anuales, supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales.
El Ministerio de Trabajo convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios de comunicación, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo. Posteriormente, sin articular ninguna propuesta en esta reunión, el Ministerio ha procedido, en la noche de este miércoles, a fijar una subida del 5,3%, que también hemos conocido por la prensa.
En este contexto, a pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, consideramos que lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales.
Esta alternativa permitiría, además, contar con indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre. Por tanto, frente a lo que sostiene la memoria económica del proyecto de Real Decreto, sí existe una alternativa: actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor una información técnica.
Dicho esto, la mejora de las rentas más bajas debe ser un objetivo compartido y compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad y productividad de las empresas y el adecuado funcionamiento de la negociación colectiva.
Asimismo, CEPYME advierte que estas decisiones afectan, especialmente, a las pequeñas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra, además de a numerosas familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que verán incrementados sus costes por encima del IPC.
