Ya está disponible el último Boletín de la Red Aragonesa de Información al Consumidor (RAIC), una publicación que recopila las novedades más relevantes en materia de consumo en Aragón. Este recurso mensual se ha consolidado como una herramienta fundamental para ciudadanos, empresas y profesionales que desean mantenerse informados sobre cambios normativos, alertas de mercado y tendencias de comportamiento del consumidor.
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Disposición 24255/2025 incorpora un nuevo documento administrativo normalizado destinado a agilizar los procedimientos y a minimizar los requerimientos a ciudadanos y empresas durante la tramitación de solicitudes.
El objetivo principal de esta medida es mejorar la eficacia de la gestión pública mediante un sistema que permite validar automáticamente los datos aportados, evitando duplicidades y la presentación de documentación que la Administración ya puede verificar por sus propios medios.
En la Orden publicada se pretende regular las peculiaridades formales en las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de aplicación de los tributos cuya tramitación corresponda a la Dirección General de Tributos
Tras una remisión genérica a la normativa aplicable a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se centra en los siguientes ámbitos:
a)?La acreditación de la representación, los apoderamientos y su registro ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
b)?Régimen de notificaciones por medios electrónicos incluyendo el sistema de avisos.
c)?Sellos electrónicos, código seguro de verificación y firma mediante código seguro de verificación.
Se indica igualmente que la Dirección General de Tributos ofrecerá en su sede electrónica asociada formularios normalizados de uso voluntario que serán aprobados por resolución de la persona titular de dicha dirección:
a)?Documento normalizado de presentación de consultas tributarias escritas que, al menos, contendrá los datos a los que se refieren los artículos 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 66 y 88 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Este documento normalizado realizará validaciones de los datos introducidos con el objeto de minimizar requerimientos a los interesados y subsanaciones a realizar por éstos posteriores a la presentación de la solicitud.
b)?Documento normalizado de representación voluntaria en los procedimientos administrativos de competencia de la DGTributos. Este documento se facilitará en formato PDF para su descarga, posterior cumplimentación y firma electrónica o, en su caso, manuscrita. El documento normalizado se podrá utilizar para acreditar la representación para una única solicitud, adjuntándolo como documentación complementaria en la presentación de la misma por cualquiera de los medios previstos en la normativa.
Con esta iniciativa, la Administración avanza hacia un modelo más eficiente y digital, facilitando una interacción público-privada más ágil, transparente y orientada al servicio.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, una norma que introduce un cambio de enfoque decisivo en la organización de los desplazamientos en España. La ley abandona el concepto tradicional de transporte —centrado en modos y servicios— para adoptar una visión integral de la movilidad, entendida como un derecho de la ciudadanía y como un elemento estratégico para la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental.
Este nuevo paradigma implica que las políticas públicas ya no se orientarán exclusivamente a regular infraestructuras y servicios, sino a garantizar que cualquier persona pueda desplazarse en condiciones de accesibilidad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad, independientemente de su lugar de residencia o situación personal.
La norma crea un Sistema General de Movilidad Sostenible, que refuerza la coordinación entre administraciones y agentes económicos, incorporando nuevos instrumentos de gobernanza y planificación. Entre ellos destaca:
La elaboración de planes estatales, autonómicos y municipales de movilidad.
La creación de plataformas integradas de datos y sistemas de información abiertos.
El impulso de herramientas de análisis que permitan optimizar la toma de decisiones en la gestión de la movilidad de personas y mercancías.
Para el tejido empresarial, este enfoque supone un marco más estable y previsible, especialmente en sectores como el transporte, la logística, la automoción, la movilidad urbana o la gestión de infraestructuras. La ley sitúa la sostenibilidad como eje transversal de todas las políticas públicas vinculadas a la movilidad. Entre sus prioridades se incluyen la reducción de emisiones, el fomento del transporte público y de los modos activos, así como la adaptación del espacio urbano para mejorar la calidad de vida.
El cambio de enfoque hacia una movilidad más integrada, inclusiva y sostenible supone un reto, pero también una oportunidad para que las empresas adopten modelos más eficientes, reduzcan sus impactos ambientales y se adapten a las nuevas exigencias regulatorias. Con la aprobación de esta ley, España se alinea con las tendencias europeas en materia de movilidad, reforzando su compromiso con la transición ecológica y la digitalización.
Accede a la ley completa en el siguiente link:
El Boletín Oficial del Estado ha hecho publico el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que introduce una prórroga significativa en la entrada en vigor del sistema Verifactu. Esta modificación, que tiene como objetivo facilitar la adaptación técnica y operativa de empresas, autónomos y desarrolladores informáticos, marca un nuevo calendario para la implantación obligatoria del sistema de emisión de facturas verificables.
La norma modifica la disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023 y establece que:
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deberán adaptar sus sistemas informáticos antes del 1 de enero de 2027.
Los obligados tributarios sujetos al IRPF (autónomos) dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.
Los productores y comercializadores de software contarán con un periodo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial correspondiente para ofrecer soluciones plenamente adaptadas.
En ese mismo plazo, la Agencia Tributaria habilitará el servicio de recepción de los registros de facturación enviados por los sistemas Verifactu.
El Gobierno aclara además que esta modificación no altera el rango del Real Decreto 1007/2023, que mantiene su naturaleza reglamentaria íntegra.
La decisión llega a tan solo veinte días hábiles de la fecha inicialmente prevista para la obligatoriedad del sistema, después de que empresas, autónomos y departamentos de administración llevaran meses invirtiendo en adaptaciones tecnológicas y formación para comprender y aplicar los requisitos del nuevo modelo de facturación.
Esta situación vuelve a colocar a los operadores económicos ante una doble decisión:
Mantener la implantación voluntaria del sistema Verifactu conforme al calendario original,
Aprovechar el nuevo plazo ampliado para una adopción más progresiva y ordenada.
Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa vigente, aquellos que ya hayan optado por utilizar voluntariamente los sistemas de emisión de facturas verificables deberán mantener su uso hasta finalizar el año natural en el que se haya realizado el primer envío de registros a la Agencia Tributaria. Con esta modificación, empresas y autónomos disponen de un margen adicional para preparar la transición hacia un modelo de facturación más seguro, estandarizado y digitalizado. Sin embargo, el debate sobre la articulación conjunta de las reformas y su impacto operativo continúa abierto.
Las organizaciones empresariales han mantenido una reunión con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, en un encuentro presidido por el consejero Javier Rincón, con el objetivo de analizar la situación de la Peste Porcina Africana (PPA) y revisar las medidas de prevención previstas en nuestra comunidad autónoma.
Al encuentro han asistido, en representación de las organizaciones empresariales: María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón; Benito Tesier, vicepresidente de CEOE Aragón; Fernando Luna, presidente de CEOE CEPYME Huesca; y Avelina Bellostas, vicepresidenta de CEOE CEPYME Huesca.
Las organizaciones empresariales desean trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector y a la sociedad aragonesa, subrayando que en Aragón no existe ningún caso de contagio y que la situación se encuentra plenamente controlada. Tanto CEOE Aragón como CEPYME Aragón reiteran su compromiso firme de colaborar con la Administración para reforzar la vigilancia, mejorar la coordinación y apoyar todas las acciones preventivas que se consideren necesarias.
A pesar de la inquietud que pueda generar la evolución de los mercados, es importante insistir en que las medidas adoptadas son estrictamente preventivas y que la PPA no afecta a los animales de las granjas aragonesas, sino a fauna silvestre. Asimismo, en colaboración con la Federación Aragonesa de Caza, se llevará a cabo un control y acotamiento de las poblaciones de jabalí, con el fin de minimizar cualquier posible riesgo y garantizar la máxima seguridad sanitaria.
Desde CEOE Aragón y CEPYME Aragón reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad del sector porcino, un sector estratégico para la economía aragonesa, así como con la protección del tejido empresarial y del conjunto de actividades que dependen directa o indirectamente de él. En este sentido, hacemos un llamamiento a la prudencia y al ejercicio responsable de las medidas de bioseguridad, especialmente en lo relativo a la desinfección en granjas y entornos agrícolas.
Ambas organizaciones continuarán trabajando de manera estrecha con el Gobierno de Aragón para asegurar un escenario de máxima precaución, transparencia y confianza, al servicio de todos los sectores vinculados al ámbito porcino y del conjunto del territorio aragonés.
