El Gobierno de Aragón y los representantes del Turismo y la Hostelería en Aragón refuerzan su colaboración para proponer una nueva convocatoria de las Ayudas a la Solvencia que permita incorporar al tejido empresarial los fondos que quedaron pendientes en 2021. Ambas partes, junto a los responsables de las organizaciones empresariales aragonesas, CEPYME Aragón y CEOE Aragón, han suscrito un documento de consenso que se remitirá al Gobierno de España y a las organizaciones nacionales de sector de la Hostelería para lograr un apoyo cerrado a una iniciativa que pone el acento en los efectos negativos que la pandemia sigue proyectando en las empresas y los autónomos.
El documento de consenso, que han suscrito las partes además de reclamar la utilización de los fondos sobrantes para el fin que fueron creados, merced al Real Decreto Ley 5/2021, incorpora diversas sugerencias para que las ayudas puedan llegar íntegras a los sectores económicos necesitados de impulso. Así se sugiere que se elimine la necesidad de que los solicitantes no presenten pérdidas en sus cuentas de resultados del año 2019, de la misma manera se reducen los umbrales de caída, se aumentan las cuantías mínimas y máximas a repartir y se varía el método de cálculo de la cuantía máxima.
Este acuerdo se ha cerrado tras una sesión de trabajo en la que han participado, junto al vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga y al consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita; el director general de CEOE-Aragón, Jesús Arnau Usón; el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón y presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Zaragoza-Horeca, Fernando Martín; el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles; el presidente de la Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano; el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles de Zaragoza- Horeca Hoteles, Antonio Presencio Fernández; el presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza- Horeca Restaurantes, José María Lasheras Gracia; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Carmelo Bosque. El presidente de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, que no ha estado presente en la sesión de trabajo, también hay apoyado las decisiones adoptadas.
De esta manera, han dado continuidad a las reuniones de trabajo que se han mantenido desde la primera sesión, que se celebró el pasado 28 de diciembre, y en la que ya se puso de manifiesto la sintonía y la unanimidad de criterios en torno a la necesidad de ejecutar la integridad de los fondos de las Ayudas a la Solvencia. Desde ese momento, han profundizado en la necesidad de favorecer las acciones de impulso, cruzando documentación y analizando las dificultades que han podido concurrir en las diferentes convocatorias.
La decisión del Gobierno de Aragón, de la Hostelería y de las organizaciones empresariales de unir sus esfuerzos para que se ponga en marcha una tercera convocatoria que encauce el reparto de los fondos pendientes no se orienta solo a los posibles beneficiarios del sector hostelero, sino que se abre a todo el tejido productivo.
Los cambios
El primer gran cambio respecto de los requisitos que han regido hasta ahora en las dos convocatorias celebradas en la Comunidad Autónoma tiene que ver con la caída de las operaciones de cada negocio, que se establecerá en un 20% en el año 2021 respecto de 2019 (posibilitando que los beneficiados en las anteriores convocatorias, que no hayan recuperado los niveles prepandemia, puedan volver a concurrir). Se determinará en función del IVA o tributo equivalente declarado y los adverará la Agencia Tributaria. De esta manera se permite también acceder a los fondos a las firmas que cerraron con pérdidas el año previo a la pandemia.
En este supuesto, la ayuda máxima que se concederá será del 40% del 80% de la caída de las operaciones. No obstante, se propone que las ayudas que se perciban no sean inferiores a 8.000 euros ni superiores a 400.000. Además, se recomienda una aportación de 6.000 euros para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.
El documento de consenso incluye además salidas para diferentes casuísticas, de manera que se aportan fórmulas para calcular las operaciones realizadas a todos los que abrieron las puertas de su negocio en 2019. Y se establece una ayuda de 6.000 euros para los que empezaron a trabajar en 2020.
Por último, se alude a los gastos subvencionables, que serán todos los que se dediquen a la satisfacción de la deuda y el pago a proveedores y otros acreedores, sean financieros o no, así como los costes fijos incurridos que se hayan devengado a lo largo de 2021.
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