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El Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales y sindicales han suscrito un decálogo sobre la financiación autonómica en el que se avalan las tesis del Gobierno de Aragón a la hora de negociar una revisión del sistema que sea justa y atienda a las necesidades de la Comunidad Autónoma.

El decálogo, que ha sido suscrito por el presidente de Aragón, Javier Lambán, el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE-Aragón), Ricardo Mur; el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME), Aurelio López de Hita; el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey y el secretario general de CC.OO Aragón, Manuel Pina, asegura en su punto final que el objetivo de la revisión del sistema de financiación debe ser conseguir “cubrir el coste real de los servicios fundamentales y no fundamentales”, rompiendo con las carencias estructurales que han afectado siempre a la financiación autonómica.

El manifiesto reclama una actualización que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, así como la autonomía financiera, la responsabilidad fiscal y la lealtad institucional, además de abordar el nuevo sistema desde el respeto a lo que en esta materia señala el Estatuto de Autonomía de Aragón, el dictamen de mayo de 2018 de las Cortes de Aragón, que elaboró la Comisión especial de estudio del nuevo sistema de financiación y los acuerdos institucionales alcanzados con otras comunidades, tanto en la reunión de Zaragoza de 2018, como en la de Santiago de Compostela del pasado noviembre.

Finalmente, los representantes del diálogo social junto al Gobierno de Aragón han pedido un escenario de equidad para el nuevo sistema de financiación, que garantice el mismo nivel de acceso a los servicios públicos por parte de todos los españoles, así como un acuerdo generalizable y asumible por todas las comunidades.

El manifiesto deja constancia además del deseo de que los asuntos que tienen que ver con la financiación de la comunidad autónoma tengan un espacio de debate bilateral, entre la comunidad y el estado, y otro multilateral, que favorezcan la transparencia.

Tras la presentación del nuevo sistema de cotización para los autónomos que parte de un modelo dividido en 13 tramos por parte del Gobierno, CEPYME Aragón valora positivamente la propuesta como un primer paso en el camino hacia la supresión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para terminar con el agravio comparativo que este sistema provoca.

La pandemia ha demostrado la desprotección del colectivo de autónomos, un colectivo que, con una actividad laboral igual a la de un trabajador, no tiene acceso a las mismas prestaciones sociales y laborales que él por culpa de la obligación legal de cotizar a la Seguridad Social en un régimen diferente al general.

El 64,5% de los autónomos sin empleados son autónomos societarios, a los que la ley obliga a cotizar en el RETA por su condición de administradores y socios mayoritarios, en la mayoría de los casos de sociedades familiares.

CEPYME Aragón considera que es necesario clarificar la actividad de empresario y trabajador y encuadrar al autónomo donde le corresponde: en el régimen general de la Seguridad Social como cualquier trabajador y en el de responsable empresarial, separando la actividad laboral de la propiedad de la empresa. Hay que terminar con la discusión de la figura del autónomo, con los falsos autónomos y con la diferenciación entre profesional y societario.

Otro de los puntos clave que demuestran el agravio comparativo es la formación, ya que la aportación que realiza el trabajador por cuenta propia para formación continua y reciclaje profesional no le da acceso a la formación bonificada. Por el momento, solo los trabajadores que cotizan al Régimen General pueden realizar los cursos disponibles. Está contemplada la puesta en marcha de una normativa que regule el acceso a esta formación por parte del autónomo, pero aún no hay ninguna norma establecida. Una situación a destacar teniendo en cuenta el mundo tan cambiante que vivimos y la importancia de estar actualizado.

El desempeño de actividades laborales similares debe conllevar cotizaciones, derechos y obligaciones similares, por eso CEPYME Aragón considera que, por el bien de los miles de autónomos que forman nuestro tejido empresarial, es necesario suprimir el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la propuesta presentada por el ministro Escrivá puede ser el primer paso del camino a seguir.