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Dada la situación tan excepcional que estamos viviendo, causada por la crisis sanitaria del COVID-19, la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos se ha visto en la obligación de solicitar al conjunto de Ayuntamientos de la provincia de Teruel, su ayuda y colaboración con diferentes medidas, que consideran de vital importancia, para poder subsistir en mejores condiciones, cuando la normalidad regrese a nuestra sociedad.

Cada vez ven más cerca la apertura de sus negocios, pero no en las condiciones que tenían hace 2 meses. Uno de sus objetivos es mantener todos los empleos que tenían antes del 14 de marzo, porque detrás de sus negocios también hay familias que les necesitan y para ello necesitan toda la ayuda posible.

Asimismo, agradecen de antemano, todas las medidas que varios de estos ayuntamientos han adoptado para ayudar a todos los establecimientos y se ofrecen para colaborar en todo lo que les necesite, pudiendo ser en temas de promoción, difusión de campañas o en los que se estime oportuno, ya que son la voz y la defensa del sector desde hace más de 40 años.

A continuación, enumeran sus peticiones:

•  Todas tasas e impuestos municipales vinculadas con los establecimientos de hostelería, sean 0€, como por ejemplo veladores,
  basuras, impuesto de circulación, etc.
• Solicitud de moratoria de IBI durante el 2021.
• Posibilidad de utilizar más espacios en terrazas, donde nunca se han valorado ponerlas, para favorecer el mantenimiento del empleo.
• Ampliación de horario en 1 hora en bares, restaurantes y terrazas.
• Facilitar la colocación de mesas altas, barricas en las fachadas de aquellos que tienen menos espacio en la vía pública.
• Peatonalizar calles para poner y ampliar veladores.
• Facilitar la gestión y trámites de terrazas, para su concesión.
• Lanzar líneas de ayudas directas a los sectores más castigados, como es la hostelería y el turismo

Esperan que en breve nos podamos ver en los bares, restaurantes, hoteles, etc., con total normalidad, pero hasta que ese momento llegue, necesitan a las instituciones locales.

 

La reapertura de los establecimientos comerciales está cada vez más cerca y es responsabilidad de todos, empresarios, trabajadores y clientes, colaborar y respetar las normas de higiene y seguridad para evitar el contagio.

Por eso, CEPYME Aragón ha elaborado un cartel recordando los grandes esfuerzos que pymes y autónomos están realizando para atender adecuadamente a sus clientes así como las buenas prácticas que estos últimos deben cumplir por el bien de todos.

Si tienes un establecimiento puedes descargártelo, imprimirlo y colocarlo en la puerta de tu negocio. Está disponible en formato DIN A3 y DIN A4.

Cartel en tamaño DIN A4

Cartel en tamaño DIN A3

 

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de la aprobación del Decreto-Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, resulta necesario modificar el contenido de la Orden ECD/119/2020, de 14 de febrero, por la que se convoca el procedimiento de escolarización de alumnado en centros docentes, para adecuarlo a las necesidades actuales.

Así se procede a reformar – en un único artículo –  la norma de escolarización del alumnado en centros docentes públicos en el tercer curso de las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil, y en centros docentes públicos y privados concertados de las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2020/2021.

Algunas de las materias afectadas (todas ellas con motivo en la actual situación del estado de Alarma):

• Información sobre los centros y sobre el proceso de escolarización.
• Baremación del criterio de proximidad domiciliaria
• Subsanación de documentación.
• Forma de presentación de la solicitud y su documentación
• Rectificación de la solicitud.
• Solicitudes excluidas del procedimiento.
• Sorteo público.
• Baremación de solicitudes y adjudicación de plazas.
• Listas provisionales.
• Listas definitivas de admitidos.

Orden completa

 

Obviando anteriores precedentes legales, la actual regulación de las situaciones de insuficiencia patrimonial o falta de liquidez en las empresas que desembocaban en situación de concurso o liquidación tiene su antecedente más inmediato en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La situación de crisis económica sufrida a poco de su publicación, la experiencia práctica con los Juzgados de lo Mercantil, la incorporación a la norma de las llamadas situaciones pre-concursales, etc., se tradujeron en una serie de reformas legislativas que justificaron que la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal y la disposición final tercera de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, habilitaran al Gobierno para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

 

Tres libros

 

Cumpliendo tal mandato el RD Ley modifica la sistemática de la Ley Concursal. Ahora hay tres libros:

Libro I: Concurso de acreedores

El LIBRO I, el más extenso, está dedicado al concurso de acreedores. Con una distribución de la materia entre los distintos títulos de que se compone este primer libro, muy diferente con la sistemática de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Así, por ejemplo, hay un título específico sobre los órganos del concurso, dividido en dos capítulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la administración concursal; hay, al igual que en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, un título sobre la masa activa y otro sobre la masa pasiva; hay un título sobre el informe de la administración concursal; hay un título propio para el pago de los créditos a los acreedores; y un título sobre publicidad. Esta nueva sistemática ha supuesto el traslado y la recolocación de muchas normas contenidas en títulos diferentes de la Ley Concursal.

 

Libro II: Derecho preconcursal

El LIBRO II – derecho preconcursal – está dedicado a ese otro derecho de la crisis que es alternativo –y, en ocasiones, previo– al derecho tradicional de la insolvencia. Este segundo libro se divide en cuatro títulos independientes: el primero, procedente del artículo 5 bis, tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo, se ocupa de los acuerdos de refinanciación, el tercero es el relativo a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos.

 

Libro III: Derecho internacional privado

En el LIBRO III se incluyen las normas de derecho internacional privado que hasta ahora contenía el título IX de la Ley Concursal.

 

Según la exposición de motivos, un elevado número de artículos se han redactado de nuevo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación de la norma. La terminología se ha unificado; el sentido de la norma se hace coincidir con la formulación, evitando el mayor número de incertidumbres posibles; y las fórmulas legislativas más complejas se exponen con la mayor simplicidad posible. Asimismo, se han desarrollado en capítulos independientes materias que – con entidad suficiente para formar un apartado jurídico independiente –  se recogían anteriormente en un único artículo.

El propio legislador indica, en todo caso, que la imprescindible reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente que representa este texto refundido no excluye que el proceso de reforma del derecho de la insolvencia haya finalizado. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas, simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas.

A tal indicación del legislador sobre la no finalización del proceso legislativo habrá que incorporar, sin duda y una vez se reanude la actividad judicial, las experiencias prácticas y novedades con origen en la actual situación de alarma.

Real Decreto completo