Los diputados que trabajan en el proyecto de ley de Estadística de Aragón han escuchado las aportaciones que, sobre esta materia, han realizado cuatro agentes económicos y sociales relacionados con este ámbito.
CEOE Aragón, el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y CEPYME Aragón, por este orden, han protagonizado unas nuevas audiencias legislativas. Como se recordará, se trata del instrumento que pactaron todos los grupos parlamentarios en la redacción final de Reglamento y que otorga a asociaciones, entidades y ciudadanos interesados en una materia la posibilidad de trasladar a sus representantes políticos diferentes valoraciones a la vista de una nueva regulación autonómica.
Desde la primera de las patronales, José María García López ha realizado “una valoración en general positiva” sobre el proyecto porque “es necesario regular la actividad estadística”. “Hay que darle la relevancia que tiene y autentificar en la Comunidad y hacia el exterior al Instituto Aragonés de Estadística”, ha valorado. Por parte del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio han comparecido Eduardo Sanz, responsable de Estudios, y Paz Montenegro, asesora jurídica. “El proyecto proporciona un detalle preciso sobre el proceso de desarrollo de las competencias. Se trata de una ley pertinente y recomendable”, ha expuesto esta última responsable.
Carmelo Pérez, secretario general de CEPYME Aragón, ha sido el representante que ha cerrado la reunión de trabajo. En su opinión, el texto “es más carga administrativa” y “sería interesante graduar un poco más su contenido”. “No es lo mismo solicitar un volumen a un autónomo, una pyme o una gran empresa”, ha opinado en este sentido.
Tal y como establece el artículo 163, dedicado íntegramente a estas audiencias, una vez celebrado el debate de totalidad, los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión correspondiente, dispondrán de un plazo de cinco días para proponer a la Comisión la audiencia de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las administraciones públicas. Los comparecientes han de tener la consideración de representantes de colectivos sociales afectados por el contenido del proyecto o propuesta de ley y solo con carácter excepcional podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual.
