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CEPYME Aragón pide una acción decidida al conjunto de las fuerzas políticas para mejorar el acceso de pymes a la contratación pública a través del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Para CEPYME Aragón éste es un proyecto de ley muy importante que afecta a ciudadanos, empresas y Administración y que mejora la normativa anterior, ya que las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo se transponen al ordenamiento jurídico español que ha de contemplar la trasparencia como el criterio principal que incrementa la competitividad y da acceso a las pymes a la contratación pública.

La generalización en la utilización de los medios electrónicos como criterio de publicidad y tramitación, el acceso gratuito y telemático de las condiciones y documentos de contratación, la obligatoriedad de la introducción de transparencia en la figura del contrato menor y la nulidad de la contratación por incumplimiento de publicidad, son las primeras condiciones para que la pyme pueda optar en igualdad de condiciones.

Para el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, “es imprescindible la obligatoriedad de división en lotes como criterio general a aplicar sin más excepciones que las técnicas y sin merma en la publicidad y transparencia del proceso de licitación”, objetivo de la Directiva para facilitar el acceso a la pyme a la contratación pública.

López de Hita también ha remarcado, una vez más, que “es necesario garantizar los plazos y garantías de pago a los subcontratistas, supeditando el pago por parte de la Administración a la acreditación del pago por el contratista al subcontratista, incluso garantizando la liquidación directa por parte de la Administración al subcontratista en caso de impago en los plazos legalmente establecidos”.

Los pequeños empresarios de Aragón consideran que las condiciones de solvencia exigibles a  los licitadores han de ser proporcionales con el objeto de contratación, impidiendo la exigencia de clasificaciones excesivas.

Igualmente consideran necesaria la regulación y límite de los modificados contractuales, así como la ampliación de la legitimación a las organizaciones empresariales más representativas para impugnar los Pliegos y acuerdos en materia de contratación.