Ayer por la tarde, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, se reunió con los principales agentes del Diálogo Social, CEPYME Aragón, CEOE Aragón, CCOO y UGT, y los representantes del Colegio de Economistas para analizar y prevenir en la medida de lo posible las afecciones que tendrá y está teniendo el problema catalán sobre la economía aragonesa.
Gastón anunció al término del encuentro la creación de un Observatorio de Coyuntura de carácter provisional mientras dura esta crisis para analizar la evolución de los acontecimientos y adoptar decisiones conjuntas.
En nombre de todos, la consejera explicó que se adoptaron por unanimidad varias resoluciones. En primer lugar mostrar toda la empatía con las medianas empresas que están consultando a todas las organizaciones y al propio Gobierno de Aragón por la falta de información y demandando seguridad jurídica y la posible tramitación de cambios de sede social, a la que normalmente va aparejado el domicilio fiscal.
Gastón puntualizó que desde Aragón no se va a buscar la captación de empresas procedentes de la Comunidad vecina pero sí se va a ofrecer a quien lo requiera una respuesta “unificada, centralizada y canalizada” a través de una oficina conjunta de las organizaciones participantes en este acuerdo.
Asimismo, se va a respaldar al tejido industrial y empresarial aragonés que mantiene relaciones comerciales con Cataluña o requiere atención sobre situaciones financieras en esta Comunidad.
Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que Cataluña es el primer cliente y el segundo proveedor de bienes y servicios de Aragón. Eso significa que habrá una afección mayor que en otros territorios, por lo que se ha acordado reclamar la solidaridad estatal para paliar estos efectos.
