Autor: CEPYME Aragón

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha un tramitador telemático para que los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones en materia de consumo. Se trata de una herramienta online que podrá ser utilizada bien con certificado electrónico o cl@ve para trasladar las reclamaciones ante la Administración en materia de consumo propuesta por el Gobierno de Aragón.

Se recuerda que, en primer lugar, el consumidor debe dirigirse a los servicios de atención al cliente de la empresa reclamada y si la respuesta no es de nuestro agrado o en un mes no hemos obtenido una contestación, ya podemos dirigirnos a la Administración para continuar con una mediación con la empresa reclamada en aras de que se resuelva el conflicto.

Esta reclamación ya puede presentarse a través del tramitador online, rellenando los datos del usuario y de la empresa reclamada, así como los correspondientes a la reclamación: una descripción de los hechos acontecidos y lo que se solicita (una regularización de las facturas, el cumplimiento del contrato, la devolución del dinero, la atención en garantía y la cuantía estimada de la reclamación, entre otros supuestos).

Accede al tramitador

El último paso es añadir la documentación justificativa: la hoja de reclamaciones, facturas o contratos con la empresa reclamada, presupuestos, correos electrónicos o publicidad y folletos informativos… Es decir, todo aquello que pueda clarificar la reclamación.

Una vez hecha la cumplimentación, se envía directamente al Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales correspondiente, bien de Zaragoza, Huesca o Teruel. La tramitación de la reclamación se realiza en la provincia donde esté ubicada la residencia habitual del reclamante. Una vez recibida, se traslada a la empresa reclamada para que pueda formular sus alegaciones y aportar las pruebas que considere oportunas. Con toda la información recabada, el servicio de Consumo realiza una mediación entre las partes de cara a propiciar la resolución del conflicto.

El informe realizado en el mes de julio por CEPYME nacional, #LaPymeHabla, indica que las pequeñas y medianas empresas españolas continúan sufriendo una fuerte contracción de sus márgenes empresariales acumulando costes extremadamente elevados debido a la crisis inflacionaria de los últimos trimestres, unidos a una ralentización de las ventas.

Según dicho informe las ventas han caído en el 27% de los casos y se han quedado congeladas en el 32%. Así, el 60% de las pymes afirma que sus márgenes empresariales se han estrechado hasta el punto de repercutir en la viabilidad del 13’1% de las encuestadas.

“Este contexto estrecha los márgenes empresariales de las pymes que ven comprometida su actividad empresarial”, valora María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón. “La situación de algunas de estas empresas se ha agravado por los últimos sucesos catastróficos acontecidos en Zaragoza, que han puesto en jaque a la pyme aragonesa”, añade.

En esa línea, las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas se centran en los costes. Al 57’5% de las pymes les preocupa la factura energética y a casi el 52% los costes laborales, convergentes del alza en las cotizaciones y “el efecto arrastre del salario mínimo interprofesional”. Consecuentemente, el 73’55% de las empresas registra aumentos del salario medio en su plantilla. La presidenta de CEPYME Aragón concluye en que “Estas situaciones dificultan el trabajo y la contratación a las pequeñas y medianas empresas que dan vida a nuestro tejido empresarial”.

El informe también pone de manifiesto que el 60% de las pymes no logra remontar sus ventas en 2023 por la inflación. Sin embargo, solo una de cada cinco empresas ha trasladado el incremento de sus costes a los precios finales. El 36% de las pymes los ha mantenido, el 41% los ha aumentado por debajo de la inflación y el 2% de las empresas asegura haber rebajado los precios.

Barómetro #LaPymeHabla julio

De acuerdo con la Orden  publicada a 17 de julio de 2023 (y con entrada en vigor ese mismo día) el Reglamento de IRPF actualiza las cantidades exentas por gastos de locomoción, (artículo 9.A.2 b/ y 9.B.1.a/) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo).

Así, se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:

1. Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
2. En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,26 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

Igualmente, cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos específicamente por las empresas a quienes presten sus servicios, los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación de sus rendimientos netos, en las siguientes cantidades, siempre que justifiquen la realidad de sus desplazamientos:

Por gastos de locomoción:

1. Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
2. En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,26 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

Indemnizaciones por uso de vehículo particular (funcionarios)

En este caso – y si bien solo referido a personal de la función pública –  se actualiza el importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso  de vehículo particular en comisión de servicio, prevista en el artículo 18.1 del Real  Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que queda fijado en 0,26 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles y  en 0,106 euros por kilómetro recorrido por el uso de motocicletas