El Ejecutivo ha decidido seguir adelante con una de las materias incluidas en la fallida Ley de reducción de jornada laboral, impulsando por vía de urgencia la modificación del registro de jornada a través de un Real Decreto.
Tras el rechazo en el Congreso del proyecto de Ley que pretendía reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el Gobierno ha optado por mantener viva parte de su contenido mediante la aprobación de un nuevo reglamento sobre control horario, cuyo borrador ya se encuentra disponible en el portal de participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social (ver documento).
Tramitación urgente y publicación prevista para principios de 2026
Según lo acordado por el Consejo de Ministros del 30 de septiembre de 2025, el texto se tramita por el procedimiento de urgencia, lo que reducirá a la mitad los plazos previstos para su publicación definitiva. No obstante, los informes preceptivos del Consejo de Estado y otros organismos hacen prever que su aprobación no llegue antes de finales de año.
La norma, una vez aprobada, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, lo que exigirá a las empresas una rápida adaptación de sus sistemas de registro horario.
El nuevo Real Decreto introduce una profunda transformación en la gestión del control horario. El sistema deberá ser digital, verificable y accesible en remoto, eliminando el registro manual o en papel.
Cada trabajador realizará de forma personal y directa los registros de inicio, pausas y finalización de jornada, y las modificaciones solo podrán efectuarse con su consentimiento expreso.
Los principales cambios previstos son:
Sistema digital obligatorio: se elimina el soporte físico y se impone la trazabilidad digital, con garantías de fiabilidad y autenticidad.
Registro personal: cada empleado deberá registrar su jornada, incluidos descansos e interrupciones.
Integridad de los datos: los registros no podrán modificarse sin consentimiento del trabajador, y deberán conservarse durante cuatro años.
acceso remoto: trabajadores, representantes sindicales e Inspección de Trabajo dispondrán de acceso inmediato y en tiempo real.
Protocolo interno obligatorio: las empresas deberán elaborar, junto a la representación legal de los trabajadores, un documento que regule el procedimiento, las evaluaciones periódicas y la formación necesaria.
Derecho a la desconexión digital: el nuevo sistema se integra con el derecho al descanso, permitiendo un control efectivo del tiempo de trabajo y evitando prolongaciones no declaradas.
Impacto y retos para las empresas
La futura implantación de este sistema supondrá una inversión significativa en tecnología y formación. El uso de sistemas biométricos quedará expresamente prohibido, y las compañías deberán optar por soluciones digitales compatibles con la normativa de protección de datos.
El Gobierno argumenta que la medida busca atajar el elevado número de horas no declaradas, garantizar la transparencia y reforzar el control sobre los tiempos de descanso. Sin embargo, el nuevo reglamento añade una carga administrativa y tecnológica adicional para las empresas, especialmente para pymes y autónomos, que deberán adaptar sus procesos y asumir el coste de los nuevos sistemas.
En 2025, la digitalización de las obligaciones empresariales —registro de jornada, facturación electrónica (VeriFactu), nuevos sistemas de cotización y fiscalidad digital— ha incrementado la complejidad y los costes de cumplimiento normativo, afectando de manera especial al tejido de pequeñas empresas y profesionales.
A la espera de la redacción definitiva del texto, los expertos recomiendan que las empresas comiencen a revisar sus sistemas actuales de control horario, definan protocolos internos y formen a sus equipos para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones.
Aunque la reducción de jornada a 37,5 horas no prosperó, el registro digital de jornada se perfila como la base de una futura reorganización del tiempo de trabajo en España, en la que la transparencia y la trazabilidad serán elementos clave del nuevo modelo laboral.
