Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, que introduce un límite máximo de precios en situaciones de emergencia de carácter extraordinario, con el objetivo de proteger los intereses económicos de las personas consumidoras y prohibir incrementos abusivos en contextos de demanda anómala.La norma modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) y establece que, durante una emergencia, el precio máximo aplicable se determinará tomando como referencia el precio máximo efectivamente aplicado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la situación. Con ello se pretende evitar picos puntuales, valores anómalos o elevaciones artificiales de precios inmediatamente previas a la emergencia.
En actividades con alta estacionalidad (por ejemplo, alojamientos turísticos), el real decreto-ley prevé que la referencia pueda ser el mismo periodo del año anterior, actualizado conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), para ajustar la comparación a la dinámica propia del sector. La limitación se mantendrá mientras persistan las condiciones de demanda anómala vinculadas a la emergencia, y su duración deberá fijarse de manera objetiva y concreta. El inicio y alcance de esta medida quedarán determinados por la declaración de emergencia de protección civil o, en su caso, por el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros.
El texto contempla que el precio pueda superar los límites si existe una justificación objetiva por aumento de costes, siempre que ello no implique un incremento de márgenes para el operador. Además, se incorpora un mecanismo de resarcimiento para consumidores perjudicados por incumplimientos del sistema de limitación.
La norma busca asegurar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea y prevé la aplicación al sector del transporte condicionada a la autorización previa de la Comisión Europea, para acreditar la compatibilidad con la normativa europea aplicable, incluida la relativa a servicios aéreos.
Con esta reforma, el Gobierno refuerza el marco de protección frente a prácticas abusivas en emergencias y articula un esquema de control de precios temporal, acotado y vinculado a circunstancias extraordinarias del mercado.
