Autor: CEPYME Aragón

Alrededor de 300 personas se han concentrado hoy en la capital turolense para exigir que las ayudas de funcionamiento se apliquen hasta el 20% que permite la comisión europea. La convocatoria ha reunido a empresarios, representantes institucionales, trabajadores y ciudadanía.

Las organizaciones empresariales han leído un manifiesto en el que han expresado que estas ayudas “no son un privilegio, sino un instrumento de justicia territorial, reconocido por la propia Unión Europea para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión entre regiones”.

Durante el discurso, han explicado que estas ayudas permitirían reforzar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial turolense, fomentar la creación y mantenimiento del empleo, atraer inversión, fijar población y reducir los costes laborales, impulsando la productividad de las empresas y mejorando las condiciones de los trabajadores.

A lo que han añadido que, al igual que Soria y Cuenca, Teruel fue reconocida por la Unión Europea como una zona escasamente poblada, con derecho a recibir ayudas de funcionamiento destinadas a compensar los sobrecostes que sufren las empresas de la región por operar en territorios con baja densidad de población.

Desayuno empresarial sobre las ayudas de funcionamiento

Previamente a esta concentración, CEOE Teruel, CEPYME Teruel, CEAT Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel han celebrado un desayuno empresarial con los representantes de los partidos políticos presentes en la Cortes de Aragón para que explicaran cuál era su posicionamiento ante estas ayudas.

Por parte de las organizaciones empresariales han participado el presidente de CEOE Teruel, Juan A. Ciércoles; el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco; la vicepresidenta de CEAT Teruel, Charo Guillén; y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel.

Por parte de los partidos políticos, Joaquín Juste en representación del PP, Rafa Guía por el PSOE, Alberto Izquierdo por el PAR, Alejandro Nolasco por Vox, Tomás Guitarte por Aragón – Teruel Existe y Javier Carbó por CHA.

Todos los partidos políticos han coincidido en la misma postura: hay que intensificar las ayudas de funcionamiento. No obstante, los empresarios, por el momento, no han visto ese compromiso traducido en hechos.

El presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, ha destacado que las posturas políticas son las mismas de siempre: la mayoría de formaciones insisten en la necesidad de aplicar estas ayudas al 20%, mientras que el PSOE, en el Gobierno de España

El régimen de festividades laborales establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en su normativa de desarrollo atribuye a las comunidades autónomas la facultad de fijar, dentro del límite máximo de catorce días festivos anuales —incluidos dos de carácter estrictamente local—, sus propias festividades.

En este marco, el Boletín Oficial de Aragón publicó en el mes de julio la relación de días festivos retribuidos y no recuperables correspondientes al año 2026, quedando únicamente pendiente la determinación oficial de las festividades de ámbito local.

Posteriormente, las Subdirecciones Provinciales de Trabajo competentes han incorporado las propuestas remitidas por la mayoría de los ayuntamientos de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, completando con ello la configuración definitiva del calendario de fiestas laborales de Aragón para 2026.

Boletín Oficial de Aragón

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, una norma que introduce un cambio de enfoque decisivo en la organización de los desplazamientos en España. La ley abandona el concepto tradicional de transporte —centrado en modos y servicios— para adoptar una visión integral de la movilidad, entendida como un derecho de la ciudadanía y como un elemento estratégico para la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental.

Este nuevo paradigma implica que las políticas públicas ya no se orientarán exclusivamente a regular infraestructuras y servicios, sino a garantizar que cualquier persona pueda desplazarse en condiciones de accesibilidad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad, independientemente de su lugar de residencia o situación personal.

La norma crea un Sistema General de Movilidad Sostenible, que refuerza la coordinación entre administraciones y agentes económicos, incorporando nuevos instrumentos de gobernanza y planificación. Entre ellos destaca:

• La elaboración de planes estatales, autonómicos y municipales de movilidad.

• La creación de plataformas integradas de datos y sistemas de información abiertos.

• El impulso de herramientas de análisis que permitan optimizar la toma de decisiones en la gestión de la movilidad de personas y mercancías.

Para el tejido empresarial, este enfoque supone un marco más estable y previsible, especialmente en sectores como el transporte, la logística, la automoción, la movilidad urbana o la gestión de infraestructuras. La ley sitúa la sostenibilidad como eje transversal de todas las políticas públicas vinculadas a la movilidad. Entre sus prioridades se incluyen la reducción de emisiones, el fomento del transporte público y de los modos activos, así como la adaptación del espacio urbano para mejorar la calidad de vida.

El cambio de enfoque hacia una movilidad más integrada, inclusiva y sostenible supone un reto, pero también una oportunidad para que las empresas adopten modelos más eficientes, reduzcan sus impactos ambientales y se adapten a las nuevas exigencias regulatorias. Con la aprobación de esta ley, España se alinea con las tendencias europeas en materia de movilidad, reforzando su compromiso con la transición ecológica y la digitalización.

Accede a la ley completa en el siguiente link: 

Boletín Oficial del Estado

La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Disposición 24255/2025 incorpora un nuevo documento administrativo normalizado destinado a agilizar los procedimientos y a minimizar los requerimientos a ciudadanos y empresas durante la tramitación de solicitudes.

El objetivo principal de esta medida es mejorar la eficacia de la gestión pública mediante un sistema que permite validar automáticamente los datos aportados, evitando duplicidades y la presentación de documentación que la Administración ya puede verificar por sus propios medios.

En la Orden publicada se pretende regular las peculiaridades formales en las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de aplicación de los tributos cuya tramitación corresponda a la Dirección General de Tributos

Tras una remisión genérica a la normativa aplicable a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se centra  en los siguientes ámbitos:

a)?La acreditación de la representación, los apoderamientos y su registro ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria

b)?Régimen de notificaciones por medios electrónicos incluyendo el sistema de avisos.

c)?Sellos electrónicos, código seguro de verificación y firma mediante código seguro de verificación.

Se indica igualmente que la  Dirección General de Tributos ofrecerá en su sede electrónica asociada formularios normalizados de uso voluntario que serán aprobados por resolución de la persona titular de dicha dirección:

a)?Documento normalizado de presentación de consultas tributarias escritas que, al menos, contendrá los datos a los que se refieren los artículos 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 66 y 88 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Este documento normalizado realizará validaciones de los datos introducidos con el objeto de minimizar requerimientos a los interesados y subsanaciones a realizar por éstos posteriores a la presentación de la solicitud.

b)?Documento normalizado de representación voluntaria en los procedimientos administrativos de competencia de la DGTributos. Este documento se facilitará en formato PDF para su descarga, posterior cumplimentación y firma electrónica o, en su caso, manuscrita. El documento normalizado se podrá utilizar para acreditar la representación para una única solicitud, adjuntándolo como documentación complementaria en la presentación de la misma por cualquiera de los medios previstos en la normativa.

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Con esta iniciativa, la Administración avanza hacia un modelo más eficiente y digital, facilitando una interacción público-privada más ágil, transparente y orientada al servicio.