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  • Aprobadas las bases de ayudas para proyectos que refuercen la cadena de valor industrial de tecnologías limpias

    El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 19 de diciembre de 2025 la Orden TED/1489/2025,  por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de ayudas dirigidas a proyectos que refuercen la cadena de valor industrial de las tecnologías limpias y sus componentes clave. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

    La normativa tiene como finalidad promover y facilitar el acceso a instrumentos de financiación que impulsen inversiones sostenibles, innovación tecnológica y descarbonización industrial, reforzando la competitividad de la industria española y europea. Las ayudas serán gestionadas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva que garantice la selección de los proyectos más innovadores y con mayor impacto en la cadena de valor de las tecnologías limpias.

    La Orden se desarrolla en el contexto de las estrategias europeas para impulsar la autonomía estratégica en sectores clave, acelerar la transición energética y responder a los desafíos globales asociados a la descarbonización. Asimismo, está alineada con el marco de ayudas estatales del pacto por una industria limpia y las prioridades del componente 31 del PRTR, que contempla inversiones destinadas a reforzar las cadenas de valor de las energías renovables y el almacenamiento.

    Beneficiarios de las ayudas

    Personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que realicen la actividad que fundamenta la solicitud y cumplan con todos los requisitos exigidos por la Orden, la convocatoria correspondiente y las resoluciones de concesión. 

    Agrupaciones de entidades (aunque no tengan personalidad jurídica) que puedan llevar a cabo los proyectos siempre que todos sus miembros cumplan los requisitos para ser beneficiarios

    Miembros asociados de personas jurídicas pueden tener también la condición de beneficiarios si se comprometen a realizar parte de las actividades objeto de la ayudas

    Consulta la orden aquí: Boletín Oficial del Estado

    La vigencia de las bases reguladoras se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028, periodo durante el cual se podrán convocar diversas líneas de ayuda para financiar proyectos que contribuyan a fortalecer la infraestructura industrial de tecnologías limpias en España. 

     

  • Vehículos eléctricos y puntos de recarga, el Gobierno de España lanza dos nuevas líneas de incentivos complementarias

    El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden TED/1478/2025, que establece las bases de un nuevo programa de incentivos para la electrificación de flotas de vehículos ligeros.

    Este programa, llamado MOVES Flotas Plus, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado con fondos europeos NextGenerationEU. La iniciativa da continuidad a los programas previos de ayudas a la electrificación de vehículos, pero con un enfoque ampliado: en esta nueva edición, las ayudas se concentran en proyectos integrales que sean capaces de realizar la electrificación de flotas que operan en más de una comunidad autónoma o en territorios extra-peninsulares.

    ¿Qué ventajas ofrece esta orden para las empresas?

    • Permite solicitar ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros y para la implantación de soluciones completas de electrificación, incluyendo infraestructura de recarga y sistemas de gestión de flotas. 

    • Se simplifica la tramitación mediante una ventanilla única, gestionada centralmente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

    • Las inversiones apoyadas están alineadas con las metas de reducción de emisiones y descarbonización del transporte establecidas en los compromisos climáticos de la Unión Europea y España.

    Este paquete de ayudas se presenta como una oportunidad estratégica para las empresas que quieran reducir su huella de carbono, modernizar su parque móvil y optimizar costes operativos a largo plazo. Además, refuerza el compromiso del tejido productivo español con la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales y europeos. 

    Puedes consultar el texto completo de la Orden en el BOE aquí:
    Boletín Oficial del Estado

     

    Junto a este anuncio,  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden TED/1477/2025, ha aprobado  las bases del nuevo programa de incentivos para la instalación de infraestructura de recarga de acceso público a lo largo de las principales carreteras de España

    Bajo el nombre MOVES Corredores de Recarga, este programa tiene como objetivo garantizar que los vehículos eléctricos ligeros puedan circular por las carreteras españolas con servicios de carga accesibles y fiables, facilitando así la transición energética del transporte y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles

    Puntos clave para las empresas y operadores:

    • La orden establece las bases reguladoras para conceder ayudas a proyectos que impulsen la construcción de estaciones de recarga de acceso público a lo largo de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T).

    • Las ayudas buscan facilitar el despliegue de infraestructura de carga en los tramos de carretera donde aún no se cumple la cobertura mínima exigida por la normativa europea, reduciendo así los llamados “tramos sombra”

     

    Consulta aquí el texto completo de la Orden en el BOE:


    Boletín Oficial del Estado

  • La AEAT actualiza las obligaciones informativas financieras: más control y mayor periodicidad desde 2026

    La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha recordado en su página web las recientes modificaciones que afectan a las obligaciones informativas financieras, recogidas fundamentalmente en los modelos 196, 170 y 171, y que suponen un cambio relevante en la forma y periodicidad con la que se comunica la información económica a la Administración.

    Estas novedades tienen su origen en el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril (BOE de 2 de abril), cuyo objetivo es adaptar el marco tributario a la realidad operativa de los nuevos medios de pago y a los nuevos agentes financieros, reforzar la lucha contra el fraude fiscal, incrementar la eficacia recaudatoria y mejorar los servicios de asistencia a los contribuyentes.
    La adaptación de estos cambios a los modelos de declaración se ha concretado a través de la Orden HAC/747/2025, de 27 de junio (BOE de 15 de julio).

    Principales novedades introducidas

    Entre los cambios más relevantes destacan los siguientes:

    • Supresión del umbral mínimo de 3.000 euros:
      Las entidades financieras deberán informar a la AEAT de todos los cobros recibidos por empresarios y autónomos, con independencia de su importe y no solo de los realizados mediante tarjeta.

    • Ampliación del alcance de las cuentas afectadas:
      La obligación informativa se extiende a todo tipo de cuentas, tanto bancarias como no bancarias: cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito, cuentas de pago y cualquier otra modalidad, con independencia de su denominación o de que exista retribución, retención o ingreso a cuenta.

    • Cambio en la periodicidad de la información:
      La información relativa tanto a las cuentas como a los sistemas de cobro mediante tarjetas o dispositivos móviles pasa de ser anual a mensual, lo que permitirá a la Administración disponer de datos más actualizados.
      No obstante, en el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos únicamente en el último período mensual del ejercicio.

    • Ampliación del ámbito subjetivo de los obligados a informar:
      A partir de la reforma, se incorporan expresamente como sujetos obligados las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, junto a las entidades financieras tradicionales (plataformas como Bizum, PayPal, entre otras).

    • Exclusiones específicas:
      Los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa.
      En el caso de los usuarios particulares, los movimientos con tarjeta seguirán comunicándose de forma anual, salvo cuando el importe anual no alcance los 25.000 euros.

    La trascendencia de esta reforma para empresarios y autónomos radica en la mayor trazabilidad y frecuencia con la que sus movimientos financieros serán comunicados a la AEAT, lo que refuerza la necesidad de mantener una correcta planificación y control de la información económica y contable.

    La primera remesa de información conforme a este nuevo régimen deberá ser facilitada por las entidades obligadas en febrero de 2026, con los datos correspondientes al mes de enero de ese mismo año.

  • CEPYME Aragón advierte del impacto de las políticas laborales en las pymes y reclama mayor seguridad jurídica

    CEPYME Aragón ha celebrado su última Junta Directiva del año, en la que se ha presentado un balance detallado del trabajo desarrollado durante el segundo semestre de 2025 y se han expuesto las principales líneas estratégicas que orientarán la actividad de la organización en el próximo ejercicio. Durante la sesión, se destacaron hitos fundamentales que han marcado la agenda institucional de la entidad.

    En primer lugar, se puso en valor la firma del acuerdo entre los Agentes Sociales y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, orientado a impulsar medidas que mejoren la gestión de la incapacidad temporal, una cuestión de especial impacto para las pequeñas y medianas empresas.

    En segundo término, se abordó la comparecencia pública de CEPYME Aragón en las Cortes de Aragón para analizar la siniestralidad laboral. En este foro, la organización defendió la necesidad de avanzar hacia una política de prevención de riesgos laborales más pedagógica, eficaz y adaptada a la realidad de las pymes, con el objetivo de reforzar la cultura preventiva y reducir los accidentes de trabajo.

    El tercer hito destacado fue la renovación, por quinto año consecutivo, del Acuerdo de Soluciones Laborales de Aragón (SAMA). En este contexto, se subrayó el papel del SAMA como un instrumento vertebrador del diálogo social, que ha permitido transformar conflictos en consensos y consolidar a Aragón como referente nacional en la gestión autónoma y extrajudicial de los conflictos laborales.

    Por último, se dio cuenta de los principales proyectos estratégicos que CEPYME Aragón desarrolla en colaboración con entidades como Ibercaja Banco, el European Innovation Hub, ALIA Consultores o Conversia Consultores , iniciativas orientadas a reforzar la competitividad, la innovación y el cumplimiento normativo de las pymes aragonesas. Esta navidad además CEPYME Aragón presenta nuevo Spot en la Televisión Autonómica de Aragón, bajo el lema PYME LOVERS, que busca capilarizar el comercio y la pyme en el territorio como agente imprescindible para cohesionar y generar empleo en nuestros pueblos.

                                         

    Tras el informe de la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, la Junta dio paso a las intervenciones de las organizaciones territoriales.

    Fernando Luna, presidente de CEPYME Huesca, centró su intervención en la prevención de la peste porcina africana y en el proceso natural de renovación de la presidencia de la organización, previsto para 2026. A continuación, Jesús Blasco, presidente de CEPYME Teruel, destacó el carácter transversal de las ayudas al funcionamiento para las pymes de la provincia y expuso los próximos pasos de trabajo que se están impulsando en este ámbito.

    Finalmente, María Jesús Lorente, en su condición de presidenta de CEPYME Zaragoza, subrayó la importancia de apoyar el plan estratégico de vivienda presentado por el Gobierno de Aragón, así como la necesidad de que las grandes inversiones que se están anunciando en la Comunidad tengan un efecto tractor real sobre las pymes y las asociaciones empresariales provinciales.

    La reunión permitió así dibujar un horizonte para 2026 marcado por retos clave como la digitalización, la gestión del absentismo laboral y la consolidación del tejido de pequeñas y medianas empresas, ámbitos en los que CEPYME Aragón continuará reforzando su papel como interlocutor y agente activo del desarrollo económico y social de la Comunidad.

    En este contexto, desde CEPYME Aragón se puso en valor el papel de las organizaciones empresariales como un elemento esencial para la representación empresarial, al constituir un espacio de reflexión estratégica y debate sereno en el que las asociaciones y las pymes pueden analizar la realidad económica y trasladar una posición común ante los principales retos que afronta el tejido productivo.

    La Junta Directiva de CEPYME Aragón se consolida, así, como el foro donde se comparten diagnósticos, se contrastan experiencias y se construyen propuestas desde el conocimiento directo de la empresa, en un momento especialmente complejo para la actividad económica.

     

    Asimismo, durante la reunión se puso de manifiesto que 2025 ha sido un año marcado por una elevada carga de sobrecostes para las pymes, en un contexto de inestabilidad normativa y económica que ha dificultado la planificación empresarial.

    En este marco, se cuestionó de forma crítica la actuación del Ejecutivo central y, en particular, del Ministerio de Trabajo, cuyas decisiones han situado a las pequeñas y medianas empresas en una posición de especial vulnerabilidad. La adaptación del registro horario, con escaso margen de maniobra para el empresario, la gestión del Salario Mínimo Interprofesional, que ha generado tensiones y desencuentros sin favorecer la reputación del diálogo social, y la propuesta de reducción de la jornada laboral, se señalaron como ejemplos de medidas adoptadas sin una adecuada evaluación de su impacto real en las pymes.

    Desde CEPYME Aragón se reclamó, en este sentido, una mayor escucha, seguridad jurídica y corresponsabilidad para garantizar la viabilidad y la competitividad del tejido empresarial

     

  • El Gobierno ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo

    Coincidiendo con el 30º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Gobierno ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, iniciativa que busca reforzar la cultura preventiva en nuestro país y reafirmar que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida.

    A pesar de los avances normativos, la siniestralidad laboral sigue siendo una epidemia silenciosa; solo en 2024, 796 personas fallecieron en su puesto de trabajo o durante el trayecto.

    NUEVOS RETOS PARA LA PREVENCIÓN

    El Gobierno advierte que las nuevas formas de empleo y los cambios sociales y demográficos plantean desafíos adicionales. Entre ellos:

    • Incremento de los riesgos psicosociales.
    • Falta de plena igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas.
    • Enfermedades derivadas del trabajo y mayor vulnerabilidad asociada al envejecimiento de la población activa.
    • Consecuencias del cambio climático, cuyos efectos extremos han obligado a adoptar medidas como los permisos climáticos y la adaptación de la normativa de lugares de trabajo.
    UN MARCO SÓLIDO PARA AVANZAR

    La declaración institucional pone en valor la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, fruto del diálogo social y alineada con el Marco Estratégico Europeo.

    También destaca medidas recientes como:

    • Campañas anuales frente a los golpes de calor.
    • El plan de choque contra los accidentes mortales, especialmente en sectores de alta siniestralidad como la construcción.
    • La actualización normativa para proteger a las personas trabajadoras ante fenómenos meteorológicos adversos.
    • La inclusión, a través de la negociación colectiva, de protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos referidas específicamente a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos.

    COMPROMISOS PARA 2026

    Con la declaración del Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Gobierno se compromete a:

    • Seguir impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes.
    • Promover las campañas de divulgación, sensibilización e información en materia preventiva.
    • Fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.
    • Promover una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva.
    • Impulsar la educación prevención en todos los niveles formativos.