La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) lamenta que la Unión Europea bloquee nuevamente la tramitación del reglamento europeo sobre morosidad privada. El Consejo de Competitividad de la Unión Europea, reunido esta tarde, ha pospuesto la aprobación de la Propuesta de la Comisión de Reglamento de morosidad en operaciones comerciales por falta de acuerdo entre los países.
CEPYME muestra su preocupación no solo ante este nuevo escollo en la tramitación del reglamento, sino también ante las dudas mostradas por parte de algunos países de tramitar esta normativa europea a través de un Reglamento y reabrir el debate sobre la posibilidad de aprobar una Directiva sobre morosidad en operaciones comerciales. La Confederación española considera prioritario homogeneizar la regulación para combatir la morosidad en el ámbito europeo y garantizar las mismas condiciones para todas las empresas europeas, un cambio que solo estaría garantizado por un reglamento europeo.
Por este motivo, CEPYME, que a través de su Observatorio de Morosidad ha intensificado sus trabajos en la lucha contra la morosidad, insta al Gobierno de España y al resto de Gobiernos europeos a que continúen impulsando la normativa común sobre morosidad y a alcanzar un acuerdo en el próximo Consejo de Competitividad, que ya se celebrará bajo la Presidencia húngara. La aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea es imprescindible para concluir la tramitación de dicha norma, ya que es la parte legislativa que todavía quedaba pendiente tras el visto bueno del Parlamento Europeo, realizado el pasado 20 de marzo. Cabe recordar que todavía el nuevo Parlamento Europeo debería ratificar la decisión tras la celebración de las elecciones europeas.
Asimismo, el Observatorio de Morosidad de CEPYME considera imprescindible que se tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes.
La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir.
Por ello, CEPYME, que desde hace más de diez años ha hecho de la lucha contra la morosidad una de sus prioridades estratégicas, ha analizado la situación de nuestro país en el contexto europeo, desde el convencimiento de que es urgente homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo para garantizar que todas las empresas cuenten con las mismas reglas y preservar la libre competencia.
La morosidad, altamente nociva para el tejido productivo, no tiene la misma incidencia en todos los países de la UE. Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que ha trabajado la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumanía. En España,
los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56%, en línea con nuestro vecino Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).
En este comportamiento con los plazos de pago subyacen rasgos de idiosincrasia de cada país, pero también es relevante el tamaño empresarial, ya que una pyme ve más comprometida su operativa diaria si afronta problemas de liquidez.
Precisamente, el mismo informe de la Comisión, como acompañamiento a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, detalla las razones que llevan a las empresas a aceptar aplazamientos de pago. En España, es especialmente relevante en la aceptación de pagos demorados la voluntad de mantener la relación comercial con los clientes que no deteriore futuras transacciones, así como las características específicas de cada sector.
El elevado coste de la morosidad, sus efectos sobre las pymes y el riesgo de que los periodos de pago se incrementen preocupan a CEPYME, que tiene la lucha contra la morosidad entre sus prioridades estratégicas. La Confederación, a través de su Observatorio de la Morosidad ha venido participando en esta regulación desde el inicio con la Comisión Europea y con el Gobierno, este
reglamento es importante, por cuanto establece una legislación común para toda Europa en un tema que es especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas.
Un problema creciente
La morosidad comercial está actualmente regulada por la Ley de morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad, de 2011. Pero esta regulación se ha mostrado insuficiente para combatir el incremento de la morosidad y reducir los períodos medios de pago, que superan los 80 días, 20 más que lo que establece la Ley.
La Ley de Creación y Crecimiento empresarial introdujo medidas sancionadoras que no solo no han resultado eficaces, sino que, por el contrario, penalizan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para acceder a ayudas o contrataciones públicas.
Por ello, CEPYME considera urgente contar con una reglamentación clara y unificada a nivel europeo, que no discrimine a las empresas españolas frente a sus homólogas europeas.
El reglamento europeo pone el objetivo en el cumplimiento de los plazos legales, objetivo que comparte CEPYME, que considera que es preciso tener en cuenta la realidad de las pymes y los sectores concretos, para garantizar su cumplimiento y la eficacia de la norma.
