CEOE Aragón y CEPYME Aragón expresan su oposición a la subida unilateral y sin consenso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno, por haberse impulsado sin acuerdo en el marco del diálogo social y por su impacto directo sobre el empleo, las empresas y los autónomos en Aragón.
1) Sin diálogo social no hay estabilidad. Denunciamos la falta de respeto al diálogo social cuando las propuestas se filtran a los medios antes de plantearse en la mesa de negociación. Sustituir la concertación social -amparada por el artículo 7 de la Constitución- por la política del anuncio y la puesta en escena no hace un buen servicio a la economía ni a la sociedad: la confunde y polariza.
2) No aceptamos “parches” que no compensan costes ni respetan la negociación colectiva. Lo conocido por la prensa apunta a la sustitución de la necesaria indexación de los contratos públicos por fórmulas que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI. La medida excluye, de manera insólita, a las empresas en pérdidas -que son las que más lo necesitan-, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. A ello se suma que establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa.
3) Poner cifras y realidad encima de la mesa: 1.221 euros no es “solo” un salario. El SMI de 1.221 euros brutos al mes (14 pagas) supone 17.094 euros brutos al año. Ese importe es una referencia salarial, pero no el coste completo para las empresas: a esa cifra hay que añadir cotizaciones a la Seguridad Social y costes asociados, que también suben. En términos prácticos, contratar a un trabajador con SMI puede situarse en torno a 1.912 euros mensuales de coste para la empresa, lo que eleva el coste anual por encima de los 22.000 euros. En la microempresa -que es la estructura dominante en Aragón- y en sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la hostelería, la limpieza o los cuidados, este incremento se traslada de forma inmediata a la tesorería y condiciona decisiones de contratación y mantenimiento del empleo.
4) La clave que se oculta: el SMI ya está afectando a muchas categorías de convenio. La subida del SMI no impacta solo en quienes cobran exactamente el mínimo. Genera un efecto arrastre que obliga a reajustar tablas y categorías próximas al SMI en numerosos convenios sectoriales para mantener jerarquías profesionales y coherencia interna. En la práctica, la subida se traslada a muchas categorías y eleva el coste laboral en cascada.
- Revisión al alza de categorías y niveles cercanos al SMI.
- Reequilibrio de escalas salariales para mantener diferencias entre puestos.
- Tensión sobre complementos y progresiones internas que se ven comprimidas.
Además, advertimos del riesgo de prohibir o limitar la compensación y absorción de complementos salariales. Una medida así rompería los equilibrios pactados en la negociación colectiva y generaría incrementos adicionales, imposibles de asumir para muchas empresas, especialmente pymes y micropymes.
5) Territorios de menor renta: más impacto, más riesgo. En territorios con menor renta y productividad relativa, una proporción mayor de la estructura salarial está próxima al SMI. Por ello, la subida tiene un impacto comparativamente mayor y puede traducirse en menos contratación, más paro y cierres de empresas que no puedan asumir el incremento de costes.
6) Un efecto indeseado: impulso a la economía sumergida. Cuando el empleo se encarece por decreto y de forma abrupta, sin margen para ajustar productividad o precios, aumentan los incentivos a fórmulas irregulares (horas no declaradas, pagos informales o parcialidades ficticias). Esto perjudica al trabajador (menos protección) y castiga a las empresas cumplidoras (competencia desleal).
7) El contexto no acompaña: presión de costes y pérdida de tejido productivo. El tejido empresarial viene soportando un incremento continuado de costes (laborales, energéticos, financieros y regulatorios). Los datos son una señal de alarma especialmente en el caso de autónomos, pymes y micropymes: entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 desaparecieron 15.359 micropymes en España, destruyendo 59.285 empleos; y en 2025 cerraron más de 13.500 pequeños comercios (una media de 1.132 al mes). Con este contexto, elevar el coste mínimo de contratación sin medidas reales de acompañamiento agrava una tendencia preocupante.
8) Europa no es un eslogan: rigor con el “salario medio”. Las referencias europeas sobre niveles adecuados de salarios mínimos se plantean como valores orientativos y requieren metodologías transparentes y comparables. No deben utilizarse de forma simplificada para justificar subidas desvinculadas de productividad, realidad territorial y efectos sobre convenios y empleo.
Lo que pedimos al Gobierno
- Volver al diálogo social real, con negociación efectiva y evaluación rigurosa de impacto.
- Gradualidad y seguridad jurídica, respetando el marco de la negociación colectiva y preservando la compensación y absorción de complementos salariales.
- Medidas estructurales reales que protejan el empleo en el sector privado: alivio de cargas, reducción de costes asociados a la contratación en los tramos más afectados y políticas de productividad.
- Estudios de impacto previos que evalúen el efecto real sobre convenios, empleo y tejido empresarial, especialmente en micropymes y autónomos.
