Blog

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que incorpora un paquete de medidas urgentes dirigidas a afrontar situaciones de vulnerabilidad social, introducir ajustes en materia tributaria y mercantil, y reforzar los recursos de los sistemas de financiación autonómica y local.

Medidas laborales: límites al despido en empresas beneficiarias de ayudas

Entre los aspectos más relevantes para el tejido empresarial, el artículo 7 establece que, en empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en el propio Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2026. El incumplimiento de esta condición puede conllevar el reintegro de la ayuda recibida.

Además, el Real Decreto-ley extiende esta lógica a las empresas que se acojan a reducciones de jornada o suspensiones de contrato del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que reciban apoyo público, impidiendo utilizar esas causas para efectuar despidos.

Medidas tributarias: prórrogas y ajustes en IVA, IRPF y Sociedades

En el ámbito fiscal, el Real Decreto-ley mantiene diversas medidas ya previstas con anterioridad, si bien no incorpora la actualización de coeficientes relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) con efectos 1 de enero de 2026.

IVA

En materia de IVA, se habilita un plazo extraordinario (del 5 al 16 de febrero de 2026) para:

• la renuncia a la llevanza de libros registro a través de la sede electrónica de la AEAT (SII), y

• la baja extraordinaria en el REDEME para 2026.

También se introducen ajustes sectoriales (hidrocarburos) y se mantienen los límites del régimen simplificado.

IRPF

Se mantienen, entre otras, las medidas relativas a:

• imputación de rentas inmobiliarias,

• límites cuantitativos del método de estimación objetiva (módulos),

• deducciones por obras de eficiencia energética en viviendas, y

• deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga.

Impuesto sobre Sociedades

En Sociedades, se prolongan incentivos como:

• la libertad de amortización para inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables, y

• la libertad de amortización ligada a vehículos e infraestructuras de recarga.

El Real Decreto-ley amplía la suspensión de la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos establecidos, extendiendo la cobertura y otorgando margen adicional para la gestión de desequilibrios patrimoniales. Asimismo, se contempla un plazo extraordinario para la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2025, con reglas diferenciadas en función de si las cuentas ya se habían formulado o si la junta estaba convocada.

Vivienda: prórroga de la suspensión de desahucios y compensaciones

En materia de vivienda, se extienden medidas de protección para situaciones de vulnerabilidad ya previstas en normativa anterior, destacando:

• la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026, y

• la posibilidad de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario hasta el 31 de enero de 2027.

Como elemento adicional, se introduce la previsión de que esta suspensión no se aplicará a arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas, atendiendo al posible impacto en pequeños propietarios El texto incorpora la extensión durante 2026 de medidas vinculadas al bono social, manteniendo descuentos extraordinarios dentro de una senda decreciente, así como la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Haz clic para acceder a BOLINFORM_RDL_2_2026.pdf

El Concurso IDEA celebra su 32ª edición consolidado como una de las principales iniciativas para impulsar el emprendimiento innovador en Aragón. Un certamen pensado para acompañar a ideas y startups en distintos momentos de su desarrollo y ayudarles a dar el siguiente paso.

¿A quién va dirigido?
El Concurso IDEA cuenta con dos categorías, adaptadas a la fase de cada iniciativa:
• IDEA Futuro, para proyectos en fases iniciales
• IDEA Acelera, para startups y empresas jóvenes con mayor recorrido

¿Por qué participar?
Presentar tu candidatura te permite formar parte del ecosistema emprendedor aragonés, acceder a experiencias de aprendizaje y acompañamiento, ganar visibilidad y optar a un impulso económico de 3.000 €, además de oportunidades de proyección internacional y apoyo para el crecimiento de tu proyecto.

Edición tras edición, el Concurso IDEA ha reconocido iniciativas innovadoras en sectores muy diversos, demostrando el talento y el potencial del emprendimiento en Aragón.

Si tienes una idea innovadora o una startup con menos de cinco años y domicilio en Aragón, este puede ser el momento de dar el paso.

Entra, presenta tu startup o proyecto innovador y multiplica tus posibilidades de crecimiento. Hasta el 27 de febrero de 2026.

 

Accede a la información Aquí  

 

CEOE Aragón y CEPYME Aragón expresan su oposición a la subida unilateral y sin consenso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno, por haberse impulsado sin acuerdo en el marco del diálogo social y por su impacto directo sobre el empleo, las empresas y los autónomos en Aragón.

1) Sin diálogo social no hay estabilidad. Denunciamos la falta de respeto al diálogo social cuando las propuestas se filtran a los medios antes de plantearse en la mesa de negociación. Sustituir la concertación social -amparada por el artículo 7 de la Constitución- por la política del anuncio y la puesta en escena no hace un buen servicio a la economía ni a la sociedad: la confunde y polariza.

2) No aceptamos “parches” que no compensan costes ni respetan la negociación colectiva. Lo conocido por la prensa apunta a la sustitución de la necesaria indexación de los contratos públicos por fórmulas que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI. La medida excluye, de manera insólita, a las empresas en pérdidas -que son las que más lo necesitan-, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. A ello se suma que establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa.

3) Poner cifras y realidad encima de la mesa: 1.221 euros no es “solo” un salario. El SMI de 1.221 euros brutos al mes (14 pagas) supone 17.094 euros brutos al año. Ese importe es una referencia salarial, pero no el coste completo para las empresas: a esa cifra hay que añadir cotizaciones a la Seguridad Social y costes asociados, que también suben. En términos prácticos, contratar a un trabajador con SMI puede situarse en torno a 1.912 euros mensuales de coste para la empresa, lo que eleva el coste anual por encima de los 22.000 euros. En la microempresa -que es la estructura dominante en Aragón- y en sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la hostelería, la limpieza o los cuidados, este incremento se traslada de forma inmediata a la tesorería y condiciona decisiones de contratación y mantenimiento del empleo.

4) La clave que se oculta: el SMI ya está afectando a muchas categorías de convenio. La subida del SMI no impacta solo en quienes cobran exactamente el mínimo. Genera un efecto arrastre que obliga a reajustar tablas y categorías próximas al SMI en numerosos convenios sectoriales para mantener jerarquías profesionales y coherencia interna. En la práctica, la subida se traslada a muchas categorías y eleva el coste laboral en cascada.

• Revisión al alza de categorías y niveles cercanos al SMI.
• Reequilibrio de escalas salariales para mantener diferencias entre puestos.
• Tensión sobre complementos y progresiones internas que se ven comprimidas.

Además, advertimos del riesgo de prohibir o limitar la compensación y absorción de complementos salariales. Una medida así rompería los equilibrios pactados en la negociación colectiva y generaría incrementos adicionales, imposibles de asumir para muchas empresas, especialmente pymes y micropymes.

5) Territorios de menor renta: más impacto, más riesgo. En territorios con menor renta y productividad relativa, una proporción mayor de la estructura salarial está próxima al SMI. Por ello, la subida tiene un impacto comparativamente mayor y puede traducirse en menos contratación, más paro y cierres de empresas que no puedan asumir el incremento de costes.

6) Un efecto indeseado: impulso a la economía sumergida. Cuando el empleo se encarece por decreto y de forma abrupta, sin margen para ajustar productividad o precios, aumentan los incentivos a fórmulas irregulares (horas no declaradas, pagos informales o parcialidades ficticias). Esto perjudica al trabajador (menos protección) y castiga a las empresas cumplidoras (competencia desleal).

7) El contexto no acompaña: presión de costes y pérdida de tejido productivo. El tejido empresarial viene soportando un incremento continuado de costes (laborales, energéticos, financieros y regulatorios). Los datos son una señal de alarma especialmente en el caso de autónomos, pymes y micropymes: entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 desaparecieron 15.359 micropymes en España, destruyendo 59.285 empleos; y en 2025 cerraron más de 13.500 pequeños comercios (una media de 1.132 al mes). Con este contexto, elevar el coste mínimo de contratación sin medidas reales de acompañamiento agrava una tendencia preocupante.

8) Europa no es un eslogan: rigor con el “salario medio”. Las referencias europeas sobre niveles adecuados de salarios mínimos se plantean como valores orientativos y requieren metodologías transparentes y comparables. No deben utilizarse de forma simplificada para justificar subidas desvinculadas de productividad, realidad territorial y efectos sobre convenios y empleo.

Lo que pedimos al Gobierno

1. Volver al diálogo social real, con negociación efectiva y evaluación rigurosa de impacto.
2. Gradualidad y seguridad jurídica, respetando el marco de la negociación colectiva y preservando la compensación y absorción de complementos salariales.
3. Medidas estructurales reales que protejan el empleo en el sector privado: alivio de cargas, reducción de costes asociados a la contratación en los tramos más afectados y políticas de productividad.
4. Estudios de impacto previos que evalúen el efecto real sobre convenios, empleo y tejido empresarial, especialmente en micropymes y autónomos.

Lorente pone el foco en la estacionalidad del empleo y en la necesidad de elevar la cualificación para consolidar la mejora interanual del paro.

El paro registrado en Aragón se sitúa en 49.595 personas en enero de 2026, lo que supone un aumento mensual de 1.141 desempleados (+2,35%) respecto a diciembre. Este repunte encaja con el patrón estacional habitual de enero, tras el cierre de la campaña navideña y el ajuste de actividad en determinados sectores, especialmente en servicios.

A pesar del incremento mensual, la evolución interanual es positiva. Aragón registra 3.133 parados menos que en enero de 2025 (-5,94%), lo que confirma una tendencia de fondo de mejora del mercado de trabajo durante el último año, aun con oscilaciones estacionales.

Por provincias, el paro aumenta en las tres. Zaragoza concentra el mayor volumen y el mayor incremento mensual, con 38.726 desempleados y +785 personas en enero (+2,07%). En términos relativos, el aumento mensual es más intenso en Huesca (+4,18%) y Teruel registra un incremento del +2,17%. En comparación interanual, las tres provincias mejoran, destacando Teruel con la mayor caída porcentual (-9,55%), seguida de Huesca (-7,48%) y Zaragoza (-5,26%).

Desde el punto de vista estructural, el desempleo mantiene una mayor presencia femenina, con 30.548 mujeres desempleadas frente a 19.047 hombres. En el colectivo joven (menores de 25 años) se contabilizan 4.846 personas en situación de desempleo, con un mayor peso en Zaragoza (3.620).

CEPYME Aragón considera que enero deja un ajuste mensual al alza coherente con la estacionalidad, pero el balance anual refleja una reducción significativa del paro en Aragón

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha subrayado la necesidad de abordar la estacionalidad como uno de los grandes retos para consolidar la tendencia interanual: “Tenemos que trabajar y desde que primeros habéis oído decirlo siempre en esa desestacionalización de la producción”. En esa línea, Lorente ha remarcado la importancia de garantizar oportunidades estables en los territorios más expuestos a ciclos de actividad: “Tenemos que trabajar porque la gente que vive y trabaja en el Pirineo no dependa de la nieve, sino que tenga trabajo a lo largo del año, igual que estoy pensando en Teruel”.

La presidenta ha vinculado este objetivo con un cambio de modelo productivo y una apuesta por el empleo de mayor valor: “Tenemos que reindustrializar nuestra economía y así poder tener trabajo durante todo el año”. Y ha señalado la palanca clave para lograrlo: “Esto se consigue dando más valor añadido, es decir, teniendo más cualificación. No podemos tener trabajos precarios, sino de valor añadido y con mayor cualificación”.

En clave empresarial, el foco debe situarse en reforzar políticas que consoliden la mejora interanual: formación y recualificación vinculadas a las necesidades reales del tejido productivo, medidas para mejorar el ajuste entre oferta y demanda de empleo y apoyo a la contratación estable, prestando especial atención al diferencial por sexo y a la empleabilidad del colectivo joven.

CEPYME Aragón ha suscrito un acuerdo de colaboración con Conversia con el objetivo de impulsar soluciones que contribuyan a aliviar la creciente presión regulatoria que soportan las pequeñas y medianas empresas y las personas trabajadoras autónomas.

Siguiendo la estela de la colaboración desarrollada por CEPYME a nivel nacional, la Confederación aragonesa se suma a esta alianza para hacer más sencillos los procesos de adecuación a la normativa, prestando una atención especial a las microempresas, que afrontan un entorno regulatorio cada vez más complejo.

El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, ha subrayado la necesidad de acercar el cumplimiento normativo a las pymes con un enfoque útil y comprensible:

“Cuando escuchas ‘LOPD’ o ‘RGPD’ no eres consciente de lo que significa. Pero si tienes un pequeño negocio o trabajas por tu cuenta, estas siglas sí te importan (y mucho). Por eso, desde CEPYME Aragón queremos que nuestras pymes y autónomos cuenten con herramientas que les expliquen lo esencial con un lenguaje claro, sin tecnicismos, y con ejemplos prácticos. Cumplir la normativa no debería ser una carga inasumible, sino un proceso sencillo y con garantías”. Pérez ha remarcado, además, que este acuerdo busca reducir la incertidumbre en un escenario de obligaciones crecientes: “Nuestro objetivo es que las microempresas, que son las que menos recursos tienen para afrontar estos procesos, puedan hacerlo de forma guiada y segura”.

 Por su parte, la directora de la Delegación Conversia de Zaragoza, Sofía Rodríguez, destaca el compromiso de Conversia con el tejido empresarial local:

“Mantener una relación cercana con las empresas es clave para comprender sus desafíos reales. Por ello, la integración de Conversia a CEPYME Aragón supone un paso lógico y coherente, ya que nos brinda la oportunidad de conocer directamente las necesidades de las compañías aragonesas y apoyarlas en un contexto normativo en continua transformación. Nuestro objetivo es formar parte de su actividad diaria, generar confianza y contribuir a que sigan avanzando con solidez”.

 

Acceso gratuito a la plataforma Signo

En el marco de este acuerdo, las asociaciones integradas en CEPYME Aragón podrán acceder, de forma gratuita, a la plataforma Signo, una herramienta diseñada para guiar, paso a paso, a los negocios en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, facilitando la adaptación y la gestión de la documentación necesaria, de manera ágil y accesible.

La iniciativa apuesta por facilitar al tejido empresarial aragonés el acceso a Signo, una solución fácil, intuitiva y rápida, orientada a que pymes y autónomos puedan abordar sus obligaciones de cumplimiento con todas las garantías, reduciendo cargas administrativas y ganando seguridad jurídica.

CEPYME Aragón y Conversia comparten el objetivo de acercar la tecnología y el apoyo especializado a los negocios de menor tamaño, facilitando que el cumplimiento normativo deje de ser una barrera para la actividad diaria y la competitividad.