El Gobierno de España ha aprobado un paquete urgente de medidas para reducir el efecto de la guerra en Oriente Próximo sobre las familias y las empresas. Entre las principales decisiones figuran una rebaja de impuestos en la energía y los combustibles, ayudas directas a sectores especialmente afectados y nuevas actuaciones para impulsar la autonomía energética del país. También se ha aprobado una congelación temporal del precio de los alquileres.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos reales decretos-ley con el objetivo de contener el impacto económico y social derivado de la crisis en Oriente Próximo. Según la información facilitada, el primer paquete incluye 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros y que podrían beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. El segundo establece una congelación temporal de los precios del alquiler de vivienda.
Ambas normas entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Rebaja fiscal para abaratar la energía
Uno de los ejes centrales del Real Decreto-ley 7/2026 es la reducción de la fiscalidad energética, con el fin de aliviar el incremento de costes que soportan tanto los consumidores como el tejido productivo.
En el ámbito de la electricidad, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el tipo mínimo del 0,5% y baja el IVA de la electricidad del 21% al 10%.
Además, el IVA aplicable al gas natural, a las briquetas y a los pellets también se reduce al 10%, mientras que se congela el precio máximo de venta del butano y del propano.
El paquete también actúa sobre los carburantes. En concreto, se reducen los impuestos que inciden en el precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo permitido por la normativa europea.
De acuerdo con la presentación realizada por el Gobierno, esta decisión puede suponer una rebaja de hasta 30 céntimos por litro, lo que equivale a un ahorro aproximado de 20 euros por depósito en un vehículo medio.
Junto a las medidas fiscales, el decreto prorroga hasta final de año los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y mantiene la prohibición de cortar los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.
En paralelo, se establece una bonificación del 80% en los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva, uno de los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía.
Ayudas directas al campo, al transporte y a la pesca
Las medidas también incluyen apoyos específicos para actividades especialmente sensibles al aumento del coste de los combustibles.
Así, se reconoce una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y ganaderos, y se incorporan además ayudas para la compra de fertilizantes. El sector pesquero figura igualmente entre los beneficiarios de este paquete de apoyo.
Más flexibilidad para empresas y autónomos
Otra de las novedades es la introducción de una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético. El objetivo es que empresas y autónomos puedan adaptar sus condiciones de contratación al nuevo contexto económico sin asumir costes adicionales.
Se trata de una medida orientada a facilitar la gestión de gastos en un escenario marcado por la volatilidad internacional y la presión sobre los precios energéticos. El Gobierno también refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que contará con nuevas capacidades de supervisión y sanción. La finalidad es doble: por un lado, comprobar que las ayudas llegan realmente a sus destinatarios; por otro, prevenir posibles prácticas abusivas en un momento de elevada sensibilidad económica.
Impulso a la “soberanía energética”
Más allá de las medidas de choque, el segundo gran bloque del decreto tiene un carácter más estructural y busca avanzar en la llamada soberanía energética, es decir, en una menor dependencia exterior y una mayor capacidad del país para generar y gestionar su propia energía.
Entre las actuaciones previstas figuran deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y bombas de calor. También se contemplan nuevas ayudas para la climatización de edificios y medidas para agilizar la instalación de energías renovables.
A ello se suman incentivos para aumentar la capacidad de almacenamiento eléctrico y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico, una tecnología clave para almacenar energía y reforzar la estabilidad del sistema.
