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  • Aprobado el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial

     

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de marzo el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, que busca garantizar un uso de la Inteligencia Artificial que sea ético, inclusivo y beneficioso para las personas.

    Se pretende adaptar la legislación española al ya existente Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, de 13 de marzo de 2024, que prevé un marco legal común para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA que eviten los riesgos para las personas, el reglamento prohíbe determinados usos maliciosos de la IA, introduce obligaciones más rigurosas para sistemas considerados de alto riesgo y establece unos requisitos mínimos de transparencia para el resto.

    Incorpora, además, un nuevo derecho digital de retirada provisional del mercado español de sistemas de IA por la autoridad de vigilancia competente cuando hayan provocado un incidente grave, como el fallecimiento de una persona.

     

    Prácticas prohibidas de la IA

     

    Las prácticas prohibidas entraron en vigor el 2 de febrero de 2025 y desde el 2 de agosto de 2025 se podrán sancionar mediante multas u otras medidas adicionales (requerir su adaptación al sistema para que sea conforme, impedir que se comercialice…) aplicando el régimen sancionador que incorpora el Anteproyecto de Ley, dentro de las horquillas que fija el reglamento europeo. A modo de ejemplo, son prácticas prohibidas:

    • El uso de técnicas subliminales (imágenes o sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, causando un perjuicio considerable a la persona (adicciones, violencia de género o menoscabo de su autonomía). (Ej: un chatbot que identifica usuarios con adicción al juego y les incita a entrar, con técnicas subliminales, en una plataforma de juego online).
    • Explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica para alterar sustancialmente comportamientos de modo que les provoque o pueda provocar perjuicios considerables (Ej: Un juguete infantil habilitado con IA que anima a los niños a completar retos que les producen o pueden producirles daños físicos graves).
    • La clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual. (Ej: Un sistema de categorización facial biométrica capaz de deducir la orientación política o sexual de un individuo mediante análisis de sus fotos en redes sociales).
    • La puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para, por ejemplo, denegarles la concesión de subvenciones o préstamos.
    • Valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, nivel educativo o lugar de residencia, con excepciones legales.
    • Inferir emociones en centros de trabajo o educativos como método de evaluación para promoción o despido laboral, salvo por razones médicas o de seguridad.

    Las sanciones que se pondrán para este tipo de sistemas oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, si esta última cifra es superior, salvo en el caso de pymes, que podrá ser la menor de las dos cuantías.

    Las autoridades encargadas de vigilar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas biométricos y gestión de fronteras); el Consejo General del Poder Judicial (para sistemas de IA en el ámbito de la justicia), la Junta Electoral Central (para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en el resto de los casos.

     

    Sistemas de alto riesgo

     

    Los sistemas de IA de alto riesgo son, según el reglamento, los siguientes:

    • Todos los que puedan añadirse como elementos de seguridad a productos industriales (máquinas, ascensores, sistemas de protección-EPIS, equipos a presión o aparatos a gas), juguetes, equipos radioeléctricos, productos sanitarios incluyendo diagnósticos in vitro, productos de transportes (aviación, ferrocarril, equipos marinos y vehículos a motor de 2 y 3 ruedas y agrícolas, embarcaciones y transporte por cable).
    • Sistemas que formen parte de los siguientes ámbitos: biometría, infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleo, acceso a servicios privados esenciales (como servicios crediticios o de seguros) y a servicios y prestaciones públicos esenciales (como servicios de emergencias o triajes) y disfrute de estos servicios y prestaciones.
    • Sistemas para la garantía del derecho, migración, asilo y gestión del control fronterizo
    • Sistemas para su uso en la administración de justicia y en procesos democráticos.

     

    Estos sistemas deberán cumplir una serie de obligaciones, como disponer de un sistema de gestión de riesgos y de supervisión humana, documentación técnica, una gobernanza de datos, conservación de registros, transparencia y comunicación de información a los responsables del despliegue, sistema de calidad, etc. En caso de incumplimiento, se exponen a sanciones en función de su gravedad:

    • Se entenderá como una infracción muy grave cuando el operador de un sistema de IA no comunica un incidente grave (como la muerte de una persona, un daño que haya comprometido una infraestructura crítica o un daño al medio ambiente), o cuando incumpla las órdenes de una autoridad de vigilancia de mercado. Las sanciones en este caso oscilarán entre los 7,5 y los 15 millones de euros o hasta el 2% y el 3% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior.
    • Ejemplos de infracciones graves son el no introducir supervisión humana en un sistema de IA que incorpore la biometría en el trabajo para controlar la presencialidad de los trabajadores o no disponer de un sistema de gestión de calidad en robots con IA que desarrollan las tareas de inspección y mantenimiento en sectores industriales, entre otros. Las sanciones oscilarán en estos casos entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen de negocio mundial.

    También se considerará como una infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con IA y que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado, lo que constituye una ultrasuplantación (deepfake). Estos contenidos deberán identificarse como contenidos generados por IA “de manera clara y distinguible a más tardar con ocasión de la primera interacción o exposición”, tal y como especifica el reglamento europeo.

    Se considerarán infracciones leves no incorporar el marcado CE en el sistema de IA de alto riesgo o, cuando no sea posible, en su embalaje o en la documentación que lo acompañe, para indicar la conformidad con el Reglamento de IA.

    Las autoridades encargadas de vigilar los sistemas de alto riesgo serán las que por defecto ya estén supervisando al sector afectado cuando se trate de productos sujetos a legislación armonizada. Adicionalmente, serán competentes la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas de gestión de migraciones y asilo asociados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado); el CGPJ para sistemas de IA en administración de justicia y la Junta Electoral Central (para sistemas de procesos electorales); el Banco de España para sistemas de clasificación de solvencia crediticia; la Dirección General de Seguros (para sistemas de seguros) y la CNMV para sistemas de mercados de capitales. En el resto de los casos, la autoridad competente será la AESIA.

     

    Apoyo a la innovación en IA

     

    A partir del 2 de agosto de 2026, el reglamento europeo obliga a los países miembros a establecer al menos un sandbox de IA (entorno controlado de pruebas) que fomente la innovación y facilite el desarrollo, la formación, las pruebas y la validación de sistemas innovadores de IA durante un tiempo limitado antes de su comercialización o puesta en servicio, y de manera acordada entre los proveedores o posibles proveedores y la autoridad competente.

    España se ha adelantado a este requisito con el lanzamiento en diciembre pasado de una convocatoria para seleccionar hasta un total de 12 sistemas de IA de alto riesgo que, durante un año, participarán en un entorno controlado de pruebas. La experiencia acumulada y las lecciones aprendidas servirán para publicar unas guías técnicas sobre el cumplimiento de los requisitos aplicables a los sistemas de alto riesgo.

    Fuente: Moncloa

  • No te pierdas el Foro de Emprendimiento Rural e Innovación EREA en Calanda

     

    El próximo 25 de marzo la Fundación Aragón Emprende organiza en la Casa de la Cultura de Calanda (Teruel) el Foro de Emprendimiento Rural e Innovación EREA que pondrá el foco en la innovación como elemento para el desarrollo del medio rural.

    La jornada contará con la participación del Secretario General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya, y el consejero de Fomento, Vivienda Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López.

    En este acto de cierre, además, se presentarán públicamente los proyectos e iniciativas que están siendo objeto de las actuaciones recogidas dentro del programa.

    Más info e inscripción

  • The Wave Talent, la tarde de los más jóvenes en el evento tecnológico de referencia

     

    En The Wave, la tarde del 19 de marzo es la tarde de los más jóvenes.

    En el Palacio de Congresos de Zaragoza podréis escuchar a influencers como Lady Science, edrian.exe, La Gata de Schrodinger, José Elias, Xoan Ramos y Gómez Nawer.  

     Todo ello combinado con The Wave Talent, donde de la mano de Fundación Ibercaja podrás conocer hacia dónde va el mundo laboral y con The Wave Game, para conocer, entre otros a Z Gaming y The Own, el festival que llega a Zaragoza del 21 al 23 de noviembre.

    ¡Súbete a la ola de tu futuro!

  • Cotizaciones a la Seguridad Social para 2025

     

    En ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025 y ante la lógica necesidad de actualizar las bases de cotización para el mismo año, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se establecen medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

    El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, establecía las referencias a las bases mínimas, máximas y tope máximo de cotización de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, a la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional y de la cotización adicional de solidaridad, hasta la aprobación de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

    Así pues, el mencionado Real Decreto, en idénticos términos que el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, da contenido a la Orden hoy publicada, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025.

     

    Bases mínimas, máximas y tope máximo de la base de cotización

     

    Las bases mínimas de los grupos de cotización de los regímenes que las tengan establecidas se incrementarán de forma automática en el mismo porcentaje establecido en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, incrementado en un sexto, y las bases máximas y el tope máximo de las bases de cotización se fijarán aplicando el porcentaje previsto para la revalorización de pensiones, al que se sumará el establecido en la disposición transitoria trigésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

     

    Mecanismo de equidad intergeneracional y cotización adicional de solidaridad

     

    Se establece la cotización correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 bis y en la disposición transitoria cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que será de 0,80 puntos porcentuales.

    Asimismo, desde el 1 de enero de 2025, resulta de aplicación la cotización adicional de solidaridad prevista en el artículo 19 bis y en la disposición transitoria cuadragésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al entrar en vigor la modificación introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, conforme a lo establecido en su disposición final décima. Esta cotización adicional de solidaridad varía en función del exceso de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena sobre la base máxima de cotización establecida, determinando a ese efecto tres tramos de rendimientos, a los que corresponde un tipo de cotización progresivo.

     

    Otras cuestiones

     

    Respecto a las personas trabajadoras por cuenta propia, en el año 2025, la tabla general y la tabla reducida y las bases máximas y mínimas aplicables a los diferentes tramos de rendimientos netos se fijan de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

    Asimismo, la cuantía para el reintegro de cotizaciones a las personas trabajadoras autónomas en situación de pluriactividad, fijada en el artículo 18.8 de esta orden, proviene de la aplicación a la base máxima para el año 2025 del apartado 1 para doce mensualidades del tipo de cotización del 28,30 del apartado 2.a), ambos del mismo artículo.

    En lo que respecta al salario mínimo interprofesional, es de aplicación el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero.

    En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para las personas trabajadoras por cuenta ajena, será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

    A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial o exclusión de alguna contingencia.

    En lo que respecta a la cotización de las personas trabajadoras incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se han determinado los tipos de cotización y reducciones en las aportaciones empresariales, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social sobre aplicación paulatina de las bases y tipos de cotización y de reducciones en este sistema especial.

    También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social.

    Por último, debe señalarse que en la orden se han introducido las modificaciones necesarias para adecuar su contenido a las recientes reformas legales en materia de Seguridad Social con incidencia en la cotización, debiendo citarse por su significativo alcance, a modo de ejemplo, las que derivan del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

    Al margen de las previsiones y novedades con rango de ley reseñadas, se ha mantenido la regulación de bases y tipos restantes prevista en la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024.

    Orden completa

  • El Gobierno aprueba la Política de Gobierno del Dato del Ministerio del Interior

     

    El Ministerio del Interior, en su proceso de digitalización, hace uso y obtiene gran cantidad, diversidad y tipos de información, que se ha incrementado de forma muy significativa durante los últimos años, así como la responsabilidad y la sensibilización públicas hacia el uso que se hace de tales datos.

    Por ello, se ha definido una Política de Gobierno del Dato para conjugar la necesaria transformación digital con la transparencia administrativa y el derecho a la información con la protección de otros derechos fundamentales, como la privacidad de las personas, la protección de datos de carácter personal y otras restricciones recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, como la seguridad del Estado y la persecución de los delitos, que en el caso del Ministerio del Interior adquieren una especial relevancia.

    La implementación de esta Política impulsa, con la necesaria labor formativa, un cambio en la forma de trabajar de los empleados públicos con mayor flexibilidad, motivación y conciliación. Además, impulsa una administración inclusiva, innovadora, abierta, digital y eficiente, con el objetivo de aportar servicios públicos de máxima calidad. Los datos se convierten, en este sentido, en la fuerza de cambio de la Administración Digital.

    Por este motivo, la norma considera necesario regular uno de los elementos fundamentales de la gestión de los servicios basada en los datos. Todo ello con el fin de realizar un uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento durante todo su ciclo de vida, de proteger su autenticidad, integridad, confidencialidad, privacidad, disponibilidad y trazabilidad, y de garantizar su cadena de custodia, interoperabilidad y reutilización.

    La Política de Gobierno del Dato del Ministerio del Interior recoge el conjunto de orientaciones y directrices de aplicación en el Departamento y sus organismos dependientes o vinculados para el gobierno del dato, necesarios para garantizar la rendición de cuentas sobre el uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento, teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Interoperabilidad que integran el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), las Normas Técnicas de Seguridad que integran el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, la Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales, así como los estándares y buenas prácticas nacionales e internacionales aplicables para el gobierno del dato, en materia de protección de datos de carácter personal, en materia de transparencia y acceso a la información, y en materia de estadística oficial.

    Los objetivos de la Política de Gobierno del Dato del Ministerio del Interior son:

    • Establecer las directrices para documentar las decisiones, acciones y operaciones del Ministerio del Interior con el fin de realizar un uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento, así como proteger la integridad y la cadena de custodia de estos durante todo su ciclo de vida.
    • Velar por que la gestión del dato y las nuevas tecnologías que se adopten faciliten la estrategia organizativa y el uso y explotación de los datos que necesite el Departamento.
    • Asignar responsabilidades y dirigir la preparación e implementación de las estrategias y políticas de datos que aseguren que estos satisfacen las necesidades del Departamento.
    • Monitorizar, a través de los adecuados sistemas de medición, el uso del dato en el Departamento.
    • Facilitar la interrelación con la ciudadanía y otras administraciones.
    • Facilitar la rendición de cuentas y la transparencia administrativa.