El aumento de la reiteración en la comisión de delitos contra el patrimonio y otras infracciones de menor gravedad ha evidenciado, en los últimos años, limitaciones en la eficacia de la respuesta penal. Esta situación, conocida como multirreincidencia, tiene un impacto directo en la convivencia, en la percepción de seguridad de la ciudadanía y en la actividad económica, especialmente en el comercio local.   Ante este contexto, y tras las demandas trasladadas por distintas instancias profesionales y entidades locales, se ha impulsado una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de mejorar la respuesta jurídica frente a estos comportamientos reiterados, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad.

• Delitos leves, multirreincidencia y antecedentes

Esta reforma tiene por objeto mejorar la regulación penal relativa a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en el capítulo I y el capítulo VI del título XIII del libro II del Código Penal, y adecuarla a las exigencias jurisprudenciales y a la necesidad de ofrecer una respuesta equilibrada y efectiva frente a la multirreincidencia.

Se prevé un supuesto agravado específico para la sustracción de teléfonos móviles. También para la de aquellos dispositivos electrónicos que, por su propia naturaleza, son susceptibles de contener información personal, datos identificativos, registros de actividad y acceso a servicios bancarios o de comunicación. En el caso de los teléfonos móviles, además de ser los objetos sustraídos con mayor frecuencia en el espacio público, su pérdida genera siempre perjuicios que exceden el valor material del dispositivo, afectando gravemente a la privacidad, a situaciones de incomunicación, a la seguridad de los datos, a la comunicación esencial y a la vida cotidiana de la víctima. Esta singularidad, así como el notable impacto social que produce, justifica un tratamiento penal específico.

Asimismo, se modifica el tipo agravado de hurto en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La reiteración de sustracciones de productos, herramientas y materiales indispensables para la actividad agraria –a menudo de escaso valor de reventa, pero de elevado coste de reposición– ha situado a estos sectores en una notable situación de vulnerabilidad. Los daños ocasionados por la sustracción de herramientas o instalaciones, así como de cultivos, generan graves perjuicios operativos en un sector esencial para el equilibrio territorial y la sostenibilidad del medio rural.

Por este motivo, se simplifica el requisito de apreciación del tipo agravado  de manera que resulte suficiente acreditar que el valor de lo sustraído supera los 400 euros, evitando litigios sobre la gravedad del perjuicio y dotando al sistema penal de una mayor eficacia en la protección de la actividad agrícola y ganadera.

Además, se incorpora la modificación de los artículos 248 y 250 del Código Penal para actualizar la regulación del delito leve de estafa, habida cuenta de su incremento en los últimos años, especialmente en modalidades que afectan a personas mayores y otros colectivos vulnerables. Estas conductas, a menudo reiteradas y de baja cuantía individual pero con un impacto económico relevante, hacen necesario un régimen más preciso y coherente que permita ofrecer una respuesta penal efectiva a los supuestos de multirreincidencia en este ámbito.

Adicionalmente, se modifica también el artículo 568 del Código Penal incorporando un segundo apartado para dar respuesta a la práctica conocida comúnmente como “petaqueo” (suministro de combustible (gasolina) o transporte a las “narcolanchas” en alta mar). Con la finalidad de evitar la reiteración delictiva y reforzar la protección de las víctimas desde las primeras fases del procedimiento, se modifican los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar que los juzgados puedan adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.

• Legitimación a entidades locales

Finalmente, se refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto mediante la introducción de un nuevo apartado 3 en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos. Esta medida responde a la necesidad de dotar a los municipios –administraciones que padecen de manera inmediata los efectos de la multirreincidencia– de herramientas jurídicas que permitan contribuir de forma efectiva a la persecución de los delitos que afectan a la convivencia y a la seguridad vecinal.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESIC Aragón vuelve a situarse en el mapa internacional de la educación superior gracias a la selección de seis de sus estudiantes para participar en el BIP Butterfly 2026. Se trata de un programa Erasmus Blended Intensive Programme centrado en Innovación, Sostenibilidad y Comunicación Intercultural.

La presencia de este grupo supone un hito, al convertirse en una de las ediciones con mayor representación aragonesa en un programa de estas características, un logro que refleja el alto nivel académico, el compromiso formativo y la proyección internacional tanto del centro como de su alumnado.

Los estudiantes seleccionados son Juan Gordo Pomar, Alba Martínez Polo, Mercedes Gimeno Botaya, Rodrigo Echechiquía Gutiérrez, Pablo Díaz Dubón y Javier Asso Tobajas, quienes formarán parte de un grupo internacional de alrededor de 60 participantes procedentes de instituciones de la Unión Europea —Alemania, Países Bajos, España, Hungría y Dinamarca— y de países extracomunitarios como Tailandia, Estados Unidos y México.

El BIP Butterfly 2026 se desarrollará del 13 al 24 de abril de 2026, combinando formación online y una fase presencial en Zealand, en la ciudad de Slagelse (Dinamarca). Durante la estancia, los estudiantes participarán en un completo programa académico y experiencial que incluirá clases magistrales impartidas por expertos internacionales, dinámicas grupales reflexivas al aire libre, debates y sesiones de trabajo colaborativo, así como encuentros interculturales y actividades de convivencia entre los distintos grupos participantes.

Aunque la sede principal será Zealand, la organización empleará espacios adicionales para el desarrollo de actividades específicas, lo que permitirá a los estudiantes conocer distintos entornos académicos y culturales.

La participación de estos seis estudiantes de ESIC Aragón no solo representa una oportunidad formativa de alto valor, sino también un reconocimiento a su esfuerzo académico, a su capacidad para adaptarse a nuevos modelos educativos internacionales y a su motivación por ampliar horizontes en un contexto multicultural.

El periodo medio de pago (PMP) se situó en 80,5 días en promedio en 2025, 0,6 días menos que el año anterior, pero aún un 34% por encima del plazo máximo legal, establecido en 60 días, según los datos del Observatorio de Morosidad de CEPYME, correspondiente al segundo semestre de 2025, que la Confederación elabora con datos de Informa D&B y CESCE.

El informe confirma la tendencia descendente de la morosidad, coherente con un escenario de crecimiento cíclico de la economía y de caída de los costes de la financiación, si bien pese a esta tendencia, el período medio de pago sigue superando en más de veinte días el límite legal y representa un grave problema para la financiación y la gestión de las empresas.

Además, CEPYME advierte de que nos encontramos ante un cambio de ciclo, en un escenario de mayor inestabilidad e incertidumbre, con incrementos de los precios energéticos y de las materias primas. El euríbor a 12 meses ya ha experimentado un importante incremento y descuenta posibles aumentos de tipos por parte del BCE como respuesta al alza de la inflación. En conjunto, se daun escenario, que, de mantenerse en el tiempo, hace temer por un repunte de la morosidad.

En el conjunto de 2025, el esfuerzo financiero vinculado a la deuda comercial se redujo gracias al descenso de los tipos de interés y el Período Medio de Pago, lo cual más que compensó el efecto al alza derivado del crecimiento de la deuda comercial, de forma que, a excepción del último trimestre del año, el esfuerzo financiero vinculado a la citada deuda comercial registró una senda de reducción.Sin embargo, estas mejoras no fueron suficientes para evitar que el coste financiero de la deuda comercial alcanzase los 5.568 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, de los cuales, casi 2.000 millones eran explicados por las pymes.

El esfuerzo financiero vinculado a la deuda comercial para el conjunto de las pymes fue de 1.957 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, frente a los2.284 millones de euros alcanzados en el cuarto trimestre de 2024. En el caso de las microempresas este esfuerzo representó un total de 611 millones de euros, frente a los 715 millones de euros del último trimestre de 2024, mientras que en las empresas de tamaño pequeño se situó en 781 millones de euros, frente a los 915 millones de un año antes.

El período medio de pago se redujo casi un día para el conjunto de las pymes, desde los 79,2 días en el cuarto trimestre de 2024 a los 78,3 días en el mismo período de 2025. Sin embargo, esta reducción no fue homogénea para todos los tamaños de empresas. La mayor reducción se registró en las medianas empresas, que pasaron de un PMP de 83,3 días en 2024 a 81,4 días en 2025, mientras que las microempresas experimentaron una reducción de una jornada, desde los 75,7 a 74,7 días. Por su parte, las pequeñas empresas registraron un ligero incremento en su PMP, desde los 78,7 días a 78,9 días.

Por sectores, el PMP se incrementó en el cuarto trimestre de 2025 tanto en la construcción (96,5 días, frente a 90,4 en el mismo período de 2024) como en el sector agroalimentario (74,4 días, frente a 73 en el cuarto trimestre de 2024). Por el contrario, en términos interanuales, los servicios y la industria redujeron su PMP, especialmente en el primer caso ya que ha descendido en 3,1 días hasta situarse en 70,6 días. En cuanto a la industria, la caída fue de 1,7 días hasta alcanzar los 74,3 días.. La Comunidad de Madrid fue la comunidad con el PMP más elevado (90,9 días), por delante de Murcia y Galicia (89,1 días y 88,7 días, respectivamente). En el lado opuesto, las Islas Baleares y Aragón fueron las comunidades autónomas con un PMP más reducido (69 días y 68,7 días, respectivamente).

Observatorio de la Morosidad

Compartimos una  nueva encuesta lanzada por Pacto Mundial de la ONU España, una iniciativa clave para conocer cómo las empresas están integrando la sostenibilidad en su actividad diaria y qué papel están desempeñando en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El estudio —que se realiza cada dos años— alcanza ya su quinta edición y tiene como objetivo analizar el estado de la acción empresarial en este ámbito en España. Para que este análisis refleje realmente la realidad del tejido empresarial, es fundamental contar con la participación de empresas como la tuya.

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El plazo para responder está abierto hasta el 8 de mayo.

El mercado laboral ha vuelto a registrar una evolución positiva tanto en el conjunto de España como en Aragón durante el mes de marzo, con una nueva reducción del paro registrado y una evolución favorable de la afiliación a la Seguridad Social. No obstante, estos datos también invitan a una lectura prudente, ya que la mejora se produce en un contexto de moderación en el ritmo de creación de empleo y con importantes retos todavía pendientes.

En el conjunto de España, el último dato disponible sitúa el paro registrado en torno a los 2.727.000 desempleados. En términos mensuales, esto supone un descenso moderado, de entre 30.000 y 35.000 personas, mientras que en comparación con el mismo mes del año anterior la caída se aproxima al 4.

Por sectores, el descenso del paro a nivel nacional ha estado impulsado principalmente por los servicios, favorecidos por la actividad estacional. También se aprecia una mejora en construcción e industria, aunque de forma más contenida. Del mismo modo, se ha producido una reducción del paro juvenil, si bien este colectivo continúa presentando cifras elevadas que ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las políticas de inserción laboral y de mejora de la empleabilidad.

En Aragón, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo al finalizar el mes de marzo se ha situado en 49.862 personas, tras descender en 512 respecto al mes anterior. Esta bajada equivale a un 1,02 % menos que en febrero. En comparación con marzo del año pasado, el paro ha descendido en 1.980 personas, lo que representa una reducción interanual del 3,82 % y confirma la evolución favorable del mercado de trabajo en la comunidad autónoma.

La reducción del desempleo se ha producido en las tres provincias aragonesas. En Zaragoza, el paro ha bajado en 244 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,62 %, y deja el total de desempleados en 39.086 personas. En Huesca, el descenso ha sido de 147 personas, un 2,16 % menos, situándose el total en 6.670 desempleados. En Teruel, el paro ha disminuido en 121 personas, lo que equivale a una bajada del 2,86 %, hasta alcanzar las 4.106 personas desempleadas.

La comparativa interanual también refleja una evolución positiva en las tres provincias. En Zaragoza, el número de desempleados ha descendido en 1.521 personas respecto a marzo de 2025, lo que supone una reducción del 3,75 %. En Huesca, la caída ha sido de 264 personas, un 3,81 % menos, mientras que en Teruel el descenso ha alcanzado las 195 personas, lo que representa una reducción del 4,53 %.

En cuanto al perfil de las personas desempleadas en Aragón, de las 49.862 registradas al cierre de marzo, 30.699 son mujeres, lo que representa el 61,57 % del total, frente a 19.163 hombres, que suponen el 38,43 %. Por edades, 5.036 personas desempleadas tienen menos de 25 años, de las que 2.710 son hombres y 2.326 mujeres. El resto, 44.826 personas, tienen 25 o más años, con un peso especialmente significativo de las mujeres, que suman 28.373, frente a 16.453 hombres.

En valoración de estos datos, la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha señalado que “aunque la evolución del empleo continúa siendo positiva, es imprescindible analizar estos datos con una visión estructural, ya que las pequeñas y medianas empresas siguen afrontando importantes dificultades para sostener y generar empleo en un entorno cada vez más exigente”.

En este sentido, ha subrayado que “uno de los principales retos es ajustar la formación a las necesidades reales del tejido empresarial, de forma que se reduzca el desajuste existente entre la oferta de profesionales y las vacantes que las empresas no logran cubrir”. Asimismo, ha incidido en la necesidad de “favorecer la estabilidad en el empleo sin penalizar la flexibilidad empresarial, especialmente en sectores que requieren capacidad de adaptación a la demanda”.

Por último, María Jesús Lorente ha destacado que “resulta prioritario avanzar en la reducción de cargas administrativas y en la contención de los costes asociados al empleo, ya que estos factores condicionan directamente la capacidad de las pymes y los autónomos para contratar, crecer y competir en el actual contexto económico”.

En conjunto, los datos de marzo reflejan una evolución positiva del empleo tanto en España como en Aragón, con una reducción generalizada del paro y una mejora sostenida respecto al año anterior. No obstante, también evidencian la necesidad de seguir impulsando medidas que refuercen la competitividad empresarial y permitan consolidar un crecimiento del empleo más sólido y sostenible en el tiempo.